RODULFO REYES
Si bien los presidentes municipales están recibiendo con la narrativa del desastre, es importante que denuncien, pero es más significativo que se calcen los zapatos de sus antecesores para que dentro de tres años no entreguen la estafeta en iguales o peores condiciones.
Los alcaldes de Huimanguillo, José del Carmen Torruco; Tacotalpa, Tomiris Domínguez; Teapa, Tey Mollinedo; Macuspana, Roberto Villalpando, y de Jalpa de Méndez, Jesús Olán García, tronaron en contra de quienes les precedieron.
Las nuevas autoridades locales revelaron haber recibido un “verdadero cochinero”: hallaron deudas, irregularidades y saqueos.
Las denuncias la hicieron este jueves al llegar a Palacio de Gobierno para participar en la Asamblea Plenaria del Sistema Estatal de Planeación, convocada por el Copladet.
Un trienio atrás, los ediles salientes también se quejaron de cómo les entregaron las arcas.
Los alcaldes actuales no pueden ser los carniceros de hoy y las reses de mañana.
Deben aprender de sus antecesores y no hacer quedar mal al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, gracias a cuya popularidad lograron triunfos que en otras condiciones habrían sido impensables.
Más aún: para abonar en la confianza ciudadana, sobre todo porque el triunfo rotundo de Morena en Tabasco se basó en el hastío ciudadano con los partidos tradicionales PRD y PRI, la primera fuerza en el Congreso local debe ir a fondo en las querellas contra los ex munícipes.
Así, por ejemplo, no debe existir ninguna razón política para no llevar a la cárcel a José Eduardo Rovirosa Ramírez, quien dejó en bancarrota al pueblo de AMLO.
El estrafalario político ya se le había reprobado una cuenta pública cuando fue alcalde por primera vez, durante la administración de Manuel Andrade Díaz.
Mal se vería el nuevo régimen tabasqueño si vuelve a perdonar al político que la noche del 15 de septiembre del año pasado gritó “viva yo” durante la celebración más importante de los mexicanos.
SACAN ACUERDO MORENA Y GOBIERNO
La mayoría de Morena en el Congreso de Tabasco votó ayer a favor de la propuesta del gobernador Arturo Núñez Jiménez de reorientar 125 millones de pesos del Sistema de Justicia Penal para la Secretaría de Salud, a fin de paliar la crisis que padece el sector.
De manera unánime, las bancadas parlamentarias de Morena, PRD, PRI y PVEM, respaldaron la iniciativa, la cual busca resolver el problema que enfrenta el sistema hospitalario del estado.
El diputado priísta Nicolás Bellizzia Aboaf, al razonar su voto, aseguró que estará vigilando que sean bien empleados los recursos.
De ahí que, a nombre de la fracción del PRI, demandó total transparencia en el uso de los 125 millones de pesos que el Congreso local reorientó.
Afirmó que se aprobó el dictamen, pero con la condición de que el dinero sea utilizado con transparencia y que la institución brinde puntualmente un informe detallado de cómo lo va a emplear.
Advirtió que nada de este empréstito puede usarse en gasto corriente y en pagar las deudas que tiene el sector con proveedores.
La aprobación de Morena a la iniciativa de Núñez Jiménez tiene un alto significado político, pues fue un acuerdo logrado por el actual mandatario con el gobernador electo Adán Augusto López Hernández.
Además, que el PRI y el PVEM hayan estado a favor de la propuesta para reorientar ese gasto, es un dato duro de la colaboración de todas las fuerzas por un bien mayor, como lo es el intento de aliviar la crisis de la medicina pública en el estado.
El partido en el gobierno, el sol azteca, solo no habría podido respaldar a Núñez, ni aunque lo socorriera el tricolor y el verde, pues la fracción morena tiene más diputados que las otras tres bancadas juntas.
