* Comuneros de la OCEZ-Casa del Pueblo y de la Alianza San Bartolomé se acusan mutuamente de invasión de tierras, violencia y despojo
Redacción
El conflicto agrario entre comunidades indígenas tsotsiles de Venustiano Carranza, volvió a recrudecerse esta semana, con denuncias cruzadas entre la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-Casa del Pueblo) y la Alianza San Bartolomé de los Llanos, ambas con presencia en la zona y derechos sobre terrenos comunales que han sido motivo de disputa durante décadas.
La OCEZ-Casa del Pueblo denunció el pasado martes que comuneros suyos fueron expulsados con violencia de los parajes conocidos como La Calzada, Ch’en-Moyo y Muktaji’tik, acusando a la Alianza de operar con armamento y respaldo de grupos del crimen organizado. Según su pronunciamiento, los hechos ocurrieron mientras preparaban sus parcelas para la siembra de temporal, actividad fundamental para su subsistencia. Responsabilizaron al gobierno estatal por no atender sus denuncias y permitir el avance de lo que califican como una estrategia de despojo.
Un día después, la Alianza San Bartolomé respondió con un comunicado en el que negó haber agredido a miembros de la OCEZ, y aseguró que los supuestos actos de violencia son fabricaciones con fines políticos. Afirmaron que los verdaderos invasores son los ganaderos de la Casa del Pueblo, a quienes acusan de extender cercados dentro de terrenos ajenos. También negaron tener vínculos con grupos armados y recordaron que en años pasados ellos mismos fueron víctimas de ataques que, aseguran, provinieron de la OCEZ.
El conflicto por la posesión de tierras en esta región tiene antecedentes históricos complejos, vinculados tanto a disputas internas como a omisiones institucionales. Aunque ambas organizaciones comparten raíces tsotsiles y un pasado de lucha agraria, en los últimos años han chocado por la delimitación y uso de los trabajaderos comunales. Las tensiones han escalado en medio de una creciente militarización del estado, sin que hasta ahora exista un mecanismo efectivo de resolución.
Ambas partes han hecho llamados públicos a organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Mientras la OCEZ exige garantías para cultivar sin ser desplazados, la Alianza insiste en el respeto a los límites agrarios históricos y propone un acuerdo de no invasión y vigilancia comunitaria. Pese a estas posiciones, no hay hasta el momento una mesa de diálogo formal ni presencia gubernamental que atienda de fondo el conflicto.
Organizaciones de la sociedad civil y observadores han advertido que, sin una intervención neutral y sostenida, la disputa podría derivar en nuevos episodios de violencia. Mientras tanto, las organizaciones señalaron que las labores agrícolas y la seguridad de las familias en la zona siguen comprometidas por una disputa que el Estado no ha querido o sabido resolver.
