* El Senado avaló su nombramiento por amplia mayoría en una sesión marcada por el respaldo del bloque oficialista
El Senado de la República designó a Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República para un periodo de nueve años, después de obtener una mayoría holgada en la votación realizada por cédula. La propuesta llegó a la Cámara Alta horas antes, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de una terna integrada exclusivamente por mujeres.
La nueva fiscal, quien había asumido de manera provisional tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, rindió protesta ante el pleno en medio de aplausos y muestras abiertas de apoyo del bloque legislativo afín al gobierno federal. Con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, su designación superó la mayoría requerida sin que las otras aspirantes recibieran un solo voto.
Antes de la votación, Godoy expuso ante las y los senadores que su gestión buscará fortalecer la atención a víctimas y garantizar investigaciones apegadas a la legalidad. Afirmó que la Fiscalía será una institución “de puertas abiertas” y sostuvo que no se tolerarán ni persecuciones políticas ni prácticas de fabricación de culpables, pero tampoco actos de impunidad.
Godoy ha ocupado cargos clave en la administración pública durante los últimos años, entre ellos la Fiscalía de la Ciudad de México y la Consejería Jurídica del Gobierno capitalino durante la gestión de Sheinbaum como jefa de Gobierno. Su trayectoria ha generado críticas de sectores opositores que ponen en duda la autonomía de la FGR bajo su liderazgo, señalamientos que la mandataria ha rechazado.
Durante la sesión, legisladores del PRI mostraron públicamente sus votos nulos, mientras que representantes de Morena, PT y PVEM celebraron el nombramiento dentro y fuera de tribuna. Al finalizar el acto protocolario, Godoy fue rodeada por legisladores que buscaban felicitarla y tomarse una fotografía, retrasando su salida del recinto.
Con su nombramiento confirmado, la nueva fiscal inicia un periodo en el que deberá atender demandas de transparencia, fortalecer la procuración de justicia y enfrentar cuestionamientos sobre la independencia institucional de la FGR.
