Manuel Ruiseñor Liévano
Para quienes conocemos de modo profesional y nos apasionan los procesos de la gestión pública en los distintos órdenes de gobierno, siempre serán interesantes y dignas de comentario las cuestiones relacionadas con el cambio de una administración a otra, en razón de sus implicaciones políticas, pero también administrativas y jurídicas. Y eso es, justamente, lo que se nos pone enfrente a los chiapanecos con el inminente relevo en el Poder Ejecutivo del Estado.
En efecto, entrega-recepción de la administración, pero, por igual, transición que, a pesar de ser entre dos representantes del mismo proyecto político, se advierten diferentes sobre todo si atendemos los sellos personales y profesionales existentes en quien entrega, en este caso Rutilio Escandón Cadenas, en relación con quien recibe, Eduardo Ramírez Aguilar, dado a que entre ambos se aprecia una forma sustancialmente distinta de hacer política y de concebir el desarrollo de Chiapas.
Es necesario advertirlo tras el final de un ciclo cuyos resultados no dejaron mayormente satisfechos a los chiapanecos, quienes ahora ven por delante un camino nuevo y de mayores posibilidades, tal y como lo expresaron contundentemente en las urnas el pasado 2 de junio con un voto de conciencia y un voto de corazón por el hombre de Comitán de Domínguez.
Con esas premisas, comprender la importancia que reviste el proceso jurídico, técnico y administrativo en puerta, comienza por considerar que se trata de una materia reglamentado por la Ley que establece el Proceso de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial número 309-Tomo III, de fecha 18 de octubre de 2023, mediante el Decreto número 7, firmado por el propio Escandón Cadenas.
Pasa el proceso en comento por saber que su objetivo radica en garantizar la continuidad del ejercicio de la función pública y de gestión, mediante la transferencia ordenada, precisa y formal de los bienes, derechos y obligaciones a los nuevos titulares del Poder Ejecutivo del Estado, desde el C. Gobernador hasta el conjunto de servidores públicos en sus distintas áreas y niveles. Lo cual trasciende en documentar la transmisión del patrimonio público y dar certeza jurídica del resguardo del mismo. En pocas palabras, saber cómo está la casa que se habrá de habitar los siguientes seis años.
Es un objetivo central, delimitar las responsabilidades de los servidores públicos entrantes y salientes; fomentar el cumplimiento de las obligaciones públicas en la Instituciones de gobierno; contar con información ordenada y sistematizada, lo que eventualmente permitirá la toma de decisiones informadas. Es decir, abrir las puertas a la racionalidad en el ejercicio de gobierno.
De igual forma, el proceso de entrega-recepción tiene el objetivo de generar una memoria histórica con el debido soporte documental, la cual refleje el cumplimiento de las funciones o facultades conferidas a las personas durante su encargo.
El caso es que, más allá de lo ya señalado, estamos de cara a lo que debe verse como la oportunidad de cumplir con un ejercicio de rendición de cuentas en el marco de un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía.
Sin embargo, eso no es todo, porque como subrayamos previamente, debe considerarse en el análisis de la cosa pública que, pese a ser al cambio de gobierno entre dos representantes de una misma insignia política, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), hay características personales, profesionales, políticas y sociales, marcadamente distintas entre quien entrega la estafeta y entre quien la recibe, las cuales merecen examinarse bajo la lupa de una transición de gobierno: forma y fondo; es decir, cómo y por qué se tomó la estafeta del poder Ejecutivo del Estado.
Consulta, reflexión, propuesta para caminar hacia una ruta de Unidad, reconciliación, revaloración de los pueblos indígenas del lado de Eduardo Ramírez, a cambio de una gestión como la de Escandón, revestida con las propuestas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Escandón Cadenas provino de un escenario como el del 2018 donde marcadamente arrastró a su favor el voto por López Obrador, a diferencia de Ramírez Aguilar que, amparado en su gran convocatoria y respaldo social, logró conjuntar una alianza de 9 partidos a favor de su candidatura, para arrasar con el voto de 8 de cada 10 chiapanecos que fueron a las urnas.
Otra diferencia notable en relación con la manera de hacer política y preparar la propuesta y el plan de gobierno entre ambos chiapanecos, radica en que Eduardo Ramírez partió del proceso más amplio que se recuerde en materia de democracia participativa en Chiapas, el menos en las últimas tres décadas, mediante los llamados “Diálogos para la Transformación” convocados desde el interior de la Sociedad Civil, a diferencia de Rutilio Escandón.
Se dirá que las circunstancias entre cada caso fueron disímbolas, pero no se podrá negar que hacer democracia participativa es un proceso necesario camino a la equidad y la inclusión social, garantes de la cohesión necesaria para cimentar al estado de Derecho y con ello la gobernabilidad y la paz.
Por eso, Ramírez Aguilar apostó a la unidad y a la reconciliación y en ese sendero ha buscado a sus contendientes en la boleta electoral, para invitarlos a sumar y a multiplicar en favor de Chiapas, con base en las coincidencias y lejos de las divergencias. Se trata, pues, de otra manera de entender y de hacer política la que se avecina en tierras chiapanecas en aras de la tranquilidad de la ciudadanía.
El virtual gobernador de Chiapas está construyendo su modelo de gobierno con base en las lecciones fundamentales de la historia de Chiapas; con el entendimiento de su realidad actual mediante el diagnóstico y los aportes de la inteligencia y la cultura de la sociedad y de la academia, y esa es otra diferencia radical entre el gobernante que se va y el que está a un tris de llegar.
Lo hemos subrayado en entregas previas, Eduardo Ramírez entiende a cabalidad que mirar atrás significa fortalecerse en las lecciones que dieron rumbo y sentido a Chiapas y aprender, por supuesto, de los errores del ayer.
La diferencia entre el gobierno de Chiapas que se va y el que adviene, acaso se encuentre en que ahora se recupera y aprecia la memoria histórica, política y democrática de Chiapas, se apela a los instrumentos de la participación social, se mira de modo incluyente, se escucha, recoge y atiende la demanda de los diversos sectores sociales, con timón y rumbo para lo que será el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030. Y esas, quiérase o no, son las grandes diferencias entre lo que mañana será el ayer y lo que en breve será hará destino
De ahí que, el Proceso de Entrega-Recepción deba de ser apreciado en la medida en que facilita una transición de gobierno tersa y transparente.
Finalmente, debemos subrayar que, por parte de la administración saliente, queda en manos de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, ser la entidad responsable de vigilar que el acto de entrega- recepción se realice en apego al marco jurídico cumpliendo con los principios constitucionales de legalidad y certeza jurídica, que todo acto de autoridad debe revestir en su desempeño. En lo que concierne al equipo de Recepción, este se conformará por acuerdo del virtual Gobernador.
El 8 de diciembre se verificará, al seno del Poder Ejecutivo del Estado, uno de los más significativos y esperados cambios de gobierno, de modo que la administración saliente y la entrante tendrán que haber superado con éxito el proceso de entrega-recepción. Chiapas bien merece contar con esa certeza por su unidad y reconciliación.
