Carlos Perola Burguete
La llamada “Declaratoria por la Prosperidad de los Pueblos Históricamente Olvidados” parte de una premisa que, en apariencia, resulta incuestionable: dirigir recursos públicos a los municipios con mayor rezago. Sin embargo, cuando se observa con detenimiento el diseño de intervención —y no solo el monto anunciado— emerge la pregunta central que define su destino: no cuánto se va a invertir, sino cómo se decide invertir.
El dato es contundente: más de 2 mil 694 millones de pesos para 12 municipios de alta y muy alta marginación en Chiapas. Pero el problema no es la magnitud del recurso, sino la lógica de su distribución. Porque en contextos de desigualdad estructural, repartir sin criterio es apenas otra forma de administrar la pobreza.
Si el punto de partida es técnico —como debiera ser—, la asignación tendría que construirse a partir de dos variables objetivas: población y grado de marginación, con base en los datos del INEGI y los índices desarrollados por CONAPO. Esta combinación no es arbitraria: permite evitar tanto la sobreasignación a territorios pequeños como la dilución del recurso en zonas más pobladas pero con menor intensidad de rezago. Y es precisamente ahí donde el discurso deja de ser suficiente.
Si el discurso de la prosperidad se reclama técnico, entonces debe someterse a su propia prueba: ser medible, comparable y, en última instancia, exhibir dónde termina el criterio y dónde comienza la discrecionalidad.
Bajo ese criterio, un ejercicio de distribución racional —ponderando 50% población y 50% marginación— podría expresarse de la siguiente manera:
| Municipio | Población aprox. | Marginación | Peso relativo |
| Oxchuc | ~50,000 | Muy alta | Muy alto |
| Tila | ~45,000 | Muy alta | Muy alto |
| Chenalhó | ~40,000 | Muy alta | Muy alto |
| San Juan Cancuc | ~30,000 | Muy alta | Alto |
| Chalchihuitán | ~25,000 | Muy alta | Alto |
| Pantelhó | ~25,000 | Muy alta | Alto |
| Chanal | ~20,000 | Muy alta | Alto |
| El Bosque | ~20,000 | Alta | Medio |
| Mitontic | ~15,000 | Muy alta | Medio-alto |
| Aldama | ~10,000 | Muy alta | Medio |
| Capitán L. A. Vidal | ~8,000 | Alta | Bajo |
| San Andrés Duraznal | ~6,000 | Alta | Bajo |
Lo anterior no es una simulación abstracta: al traducirse en asignación presupuestal, el mismo criterio arrojaría una distribución aproximada como la siguiente:
Este punto introduce un elemento que suele ausentarse en el debate público: la posibilidad de medir la coherencia entre diagnóstico y asignación. Porque a partir de aquí, cualquier desviación deja de ser técnica y comienza a ser discrecional.
Pero el verdadero punto de quiebre no está en la distribución porcentual, sino en la definición de prioridades. Porque el error más recurrente en la política pública es intentar hacerlo todo al mismo tiempo: caminos, salud, educación, alimentación, productividad, servicios básicos. Esa dispersión, lejos de potenciar el impacto, lo diluye.
Una estrategia efectiva obliga a jerarquizar. Y si se atiende con rigor la evidencia disponible, el orden es claro: primero, agua, saneamiento y salud primaria. No como un componente más del catálogo programático, sino como condición estructural. Sin acceso efectivo al agua y sin atención básica en salud, cualquier otro esfuerzo —productivo, educativo o de infraestructura— se debilita desde su origen.
El segundo eje es la conectividad funcional. No la obra visible, sino la que articula territorio: caminos que permitan sacar producción, acceder a servicios, vincular comunidades. En regiones donde el aislamiento es parte del problema, la conectividad no es infraestructura, es integración económica y social.
A partir de ahí, la política pública puede transitar hacia la base alimentaria-productiva. Este es el punto donde se define si el recurso genera dependencia o capacidad. Fortalecer sistemas de producción local —milpa, café, autoconsumo— no es un gesto asistencial, es una estrategia de sostenibilidad territorial. Si este componente falla, el resto del gasto se convierte en transferencia permanente.
Finalmente, la educación, pero no en su versión nominal de cobertura, sino en su dimensión pertinente: lengua, permanencia y utilidad. En territorios indígenas, la educación desvinculada del contexto no reduce la marginación, la reproduce.
Porque al final, la discusión no está en el tamaño del recurso ni en la amplitud del catálogo de acciones, sino en algo más elemental: la coherencia entre lo que se diagnostica y lo que se decide.
Si los criterios técnicos existen —y aquí están—, entonces también existe una forma de evaluar si se respetan o se desvían. Y en ese punto, la política pública deja de ser un acto declarativo para convertirse en un ejercicio de responsabilidad.
La prosperidad no se decreta. Se construye.
Y se construye cuando el recurso sigue al rezago, cuando la prioridad responde a la necesidad y cuando la decisión puede sostenerse sin excepciones.
De lo contrario, lo que se presenta como estrategia no es más que administración mejor financiada de la misma desigualdad.
Entre la técnica y el control no hay punto medio:
o se consolida un camino de transformación verificable,
o se reproduce, con mayor presupuesto, el mismo orden que dice querer cambiar.
Y en esa definición, Chiapas no enfrenta un problema de recursos, sino de decisiones.
* Investigador Periodístico en luchas del campo mexicano, la soberanía alimentaria y económica y las relaciones entre Estado, empresas y comunidades rurales. Director de la A.C. PEROLA. Miembro Honorario del Despacho Jurídico.
