* Más de 200 familias solicitaron la intervención de las autoridades para evitar la desocupación, esclarecer la situación jurídica del terreno y garantizar la seguridad de los habitantes
Redacción / Alfaro Noticias
Más de 200 familias de la colonia Las Conchitas en Tapachula solicitaron la intervención de las autoridades estatales y municipales para atender el conflicto legal que enfrenta el asentamiento, luego de que manifestaran su preocupación por un posible desalojo derivado de la disputa por un predio de aproximadamente 17 hectáreas.
Los habitantes, encabezados por el presidente del comité de colonos, Carlos Arturo Pinto Mandujano, señalaron que adquirieron sus terrenos entre 2009 y 2010 mediante operaciones que consideraban legales y rechazaron ser invasores. Indicaron que pagaron entre 25 mil y 35 mil pesos por cada lote y sostuvieron que pudieron haber sido víctimas de un presunto fraude por parte de quienes comercializaron los terrenos.
Los colonos pidieron la instalación de una mesa de diálogo con la participación del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Tapachula y las partes involucradas, con el objetivo de encontrar una solución que brinde certeza jurídica a las familias y evite un conflicto mayor.
El caso registró momentos de tensión durante una diligencia relacionada con el predio. Sobre lo ocurrido existen versiones distintas. Por un lado, habitantes de la colonia afirmaron que inicialmente un grupo de personas intentó presentar una supuesta orden de desalojo que, según ellos, carecía de validez. Posteriormente, denunciaron la presencia de civiles armados y encapuchados, situación que, aseguraron, provocó temor entre las familias.
Por otra parte, otra versión de los hechos señala que en el lugar se desarrolló un operativo para dar cumplimiento a una orden judicial, con la participación de corporaciones de seguridad y representantes legales de las partes involucradas, quienes sostuvieron acercamientos para explorar posibles alternativas de solución relacionadas con la regularización del predio.
Las familias reiteraron su llamado para que se investiguen las presuntas irregularidades en la venta de los terrenos, se deslinden responsabilidades y se privilegie el diálogo para evitar afectaciones a quienes aseguran haber construido su patrimonio en ese lugar durante más de una década.
