Manuel Ruiseñor Liévano
En un escenario donde organismos como el Instituto V-Dem (Varieties of Democracy, por sus siglas en inglés), un centro de investigación sueco reconocido internacionalmente por producir uno de los conjuntos de datos más completos y detallados del mundo sobre la calidad de la democracia, y que calificó a México como una “autocracia electoral”, al nivel de Myanmar, Eslovenia y Togo, en la semana que está por concluir el mismísimo Sistema de Administración Tributaria (SAT) terminó dando la nota a escala nacional.
Resulta que más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización para recibir donativos, y otras 13 fueron dadas de baja por el SAT, acorde con un documento difundido por la dependencia.
El argumento del SAT para revocar la autorización de donatarias calificadas a la mayoría de esas organizaciones civiles, fue porque “no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”. Un papeleo que no pudieron acreditar las Ong’s en ventanillas, toda vez que éstas ya no existen y no se previó su reposición en el esquema de la renovada administración pública federal. Al menos eso fue lo trascendió en días recientes.
Y es que, como se publicó en diversos medios de comunicación, según la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y las regulaciones del SAT, si la organización no recupera su autorización en un plazo de 12 meses, está obligada por ley a destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada.
Sin embargo, más allá de la justificación legaloide, se puso de relieve que se trata de agrupaciones independientes incómodas al gobierno desde el sexenio anterior.
En el listado se incluyen organizaciones como Mexicanos Primero, creada en 2005 y enfocada en la promoción del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes; México Evalúa, dedicada al análisis de políticas públicas, así como el Instituto Mexicano para la Competitividad, especializado en temas de desarrollo económico y competitividad.
La información es parte de un documento oficial en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalla las organizaciones a las que se les revocó la autorización para recibir donativos deducibles, así como aquellas que fueron dadas de baja del registro correspondiente.
Por ejemplo, Mexicanos Primero ha elaborado más de 20 estudios desde 2009 a la fecha, de los cuales algunos de los más importantes son: (Mal) Gasto: Estado de la Educación en México (2013).
Por su parte, México Evalúa ha difundido investigaciones, entre las cuales sobresalen su informe anual Hallazgos, en el que monitorea la consolidación del Sistema de Justicia Penal, midiendo impunidad en delitos graves como homicidio y feminicidio, y evalúa las políticas de seguridad nacional y mecanismos para prevenir la corrupción en la administración pública.
En tanto, las investigaciones del IMCO se fincan en ejes clave de las políticas públicas como economía, mercado laboral, energía y género, enriquecidos con propuestas al gobierno federal, sólo por mencionar los casos más representativos.
Es de consenso reconocible en la opinión pública que el SAT revocó la autorización de algunas ONG para recibir donativos deducibles del ISR, arguyendo carecencias de una acreditación vigente en materia de investigación científica y tecnológica.
De acuerdo con diversos analistas del tema, estamos ante una situación derivada de la ley general en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada el 8 de mayo de 2023, la cual limitó la validez de las constancias emitidas de forma permanente por el Conacyt a través del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt).
Dicha ley, agregan los especialistas, así como el reglamento interior de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), publicado el 28 de noviembre de 2024, presentan un vacío normativo al no prever un mecanismo expreso para acreditar a las organizaciones que realizan actividades de investigación científica y/o tecnológica.
Mientras tanto, las Ong’s han rechazado ser un sector que no pague impuestos o que incumpla con los requisitos marcados por el SAT. Inclusive, señalaron que están resolviendo sus trámites en tiempo y forma ante el SAT, estimando que hasta el 31 de marzo puedan recibir respuesta por parte del Servicio de Administración Tributaria.
Una cuestión que las afecta no sólo en la percepción de donativos, sino en demostrar a la sociedad la causa por la cual han estado trabajando.
Para comprender con mayor amplitud el tema desatado por la determinación del SAT, no se puede perder de vista que en el sexenio pasado no sólo existieron restricciones cuyo objetivo era que el gobierno entregara directamente dinero a las personas, sino que presuntamente también se encargó de difamar a las organizaciones de la sociedad civil.
Queda claro que el camino que se ha tomado es equivocado, pues no se trata de prohibir, sino de integrar mejores procesos de transparencia. Pero en ningún modo cancelar las expresiones organizadas de la sociedad civil.
Por igual, es inadmisible que la participación de las ONG en asuntos públicos, en tanto derecho democrático, sea víctima de inhabilitación, así como de reducción en la deducibilidad de impuestos, toda vez que atenta afectando a las donatarias y por igual a las donantes.
Una actitud a nuestro juicio desalentadora de la participación social, necesaria en la construcción de mayores cauces para el bienestar social.
No hay medias tintas, porque cuando un gobierno dice estar de acuerdo con la democracia participativa, en vez de inhibirla debe incentivarla y abrirse a la crítica y al escrutinio público.
A MANERA DE COLOFÓN
Como se desprende del informe del instituto V-Dem, en estos momentos del país se perciben elementos que van camino al cierre de espacios democráticos, lo cual configuraría una ruta hacia el autoritarismo.
Imposible ocultar que la labor de las Ong’s castigadas por el gobierno, recibe dinero de diversos actores altruistas y que esos dineros, que no ingresan al SAT, los donantes lo deducen a sus impuestos. Pero no es creíble que ese sea el motivo de su persecución o exterminio.
Todo hace suponer que más bien su labor, acorde a sus investigaciones y análisis, resultan incómodas al gobierno. Acaso porque exhiben sus posibles fallas y —sin pretenderlo—sistemáticamente lo despojan del velo de;la ineficiencia y la opacidad.
Pareciera mentira, pero no lo es, otra vez en este país es el dinero público el que está en cuestión, y quienes se atreven o pretenden mapearlo son sujetos de presión o castigo.
Un gobierno que no acepta la crítica. Una sociedad que no evalúa y no propone alternativa en las políticas públicas. Un Estado que estrangula los recursos a las organizaciones altruistas e impide la labor en defensa de los derechos humanos de los más vulnerables. Todos, sin excepción, son enemigos de la democracia.
