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En Tila señalan abusos, amenazas y cobros ilegales en sus comunidades

En Tila señalan abusos, amenazas y cobros ilegales en sus comunidades
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* Denuncian que la falta de operativos de seguridad y de aplicación del estado de derecho ha incrementado la tensión social en el municipio.

Redacción / Alfaro Noticias

Habitantes de Tila denunciaron públicamente una serie de abusos, amenazas y cobros ilegales por parte de grupos que se identifican como representantes autónomos de la región. A través de comunicados, señalaron que en agosto se han registrado actos de intimidación, cobro de cuotas y afectaciones al suministro de agua en distintas localidades.

En el anexo Nicolás Bravo, pobladores acusaron que el pasado 22 de agosto habitantes de la comunidad Río Grande entroncaron una tubería en el manantial conocido como Ojo de Agua para abastecer a su localidad, lo que ocasionó daños en parcelas y solares sin autorización de los propietarios. Aseguraron que quienes se opusieron fueron amenazados con despojos de tierra.

Los denunciantes afirmaron que este proyecto fue respaldado por autoridades municipales y señalaron a exfuncionarios locales de brindar apoyo a los grupos que operan bajo el discurso de “autonomía”. También indicaron que, pese a que se presentó como una cooperación comunitaria, los recursos habrían provenido de negociaciones con el ayuntamiento.

Por otro lado, en el anexo Unión Juárez, los habitantes reportaron que se exige a adolescentes y jóvenes el pago de mil pesos para recibir un supuesto certificado del Registro Agrario Nacional, mientras que los ejidatarios deben aportar 300 pesos para no ser expulsados. Según la denuncia, quienes no cumplan con estas cuotas son desconocidos en la comunidad.

Los pobladores también acusaron que existen acuerdos con exautoridades municipales y funcionarios estatales para garantizar impunidad a detenidos por hechos violentos ocurridos en junio de 2024, lo que ha generado mayor desconfianza entre la población.

Finalmente, exigieron al gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y a la Fiscalía General del Estado, la aplicación del estado de derecho, la investigación de los presuntos desvíos de recursos y una mayor presencia de fuerzas de seguridad en la región, ya que, afirmaron, la ausencia de operativos ha permitido que continúe la violencia y la intimidación en Tila.

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