* Habitantes y ejidatarios legales advirtieron sobre el riesgo de un nuevo episodio armado y solicitaron la intervención inmediata de autoridades estatales y federales para restablecer la seguridad
Redacción / Alfaro Noticias
Habitantes y ejidatarios legales del municipio de Tila alertaron sobre el riesgo de un nuevo brote de violencia armada, tras el reciente asesinato de un integrante del comisariado ejidal autónomo y una serie de amenazas atribuidas a ese mismo grupo.
De acuerdo con los denunciantes, la situación se agravó luego del homicidio de Julio César Pérez Pérez, secretario del comisariado ejidal autónomo, ocurrido el pasado 12 de enero en las inmediaciones del anexo Nicolás Bravo, una zona que, según señalamientos, se encuentra bajo control del grupo autónomo desde los hechos violentos registrados en junio de 2024.
Los pobladores indicaron que, en ese mismo ataque, resultó lesionado Luis Cornelio Ramírez Sánchez, quien podría aportar información relevante sobre este y otros episodios de violencia ocurridos en la región, si las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.
Según los testimonios recabados, durante reuniones realizadas los días 13 y 14 de enero, un sector de los ejidatarios autónomos habría acordado exigir el retiro de las corporaciones de seguridad establecidas en Tila, además de emitir amenazas contra ejidatarios legales, pobladores y avecindados. En dichos encuentros también se habrían expresado llamados a reorganizarse con fines armados.
Los denunciantes señalaron que, durante las exequias de Julio César Pérez Pérez, se registraron consignas hostiles en espacios públicos, lo que incrementó el temor entre la población ante un posible recrudecimiento del conflicto interno.
Ante este escenario, los habitantes del ejido Tila y sus anexos hicieron un llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que intervengan de manera inmediata, apliquen el Estado de Derecho y eviten que se repita un episodio de violencia similar o más grave al ocurrido en 2024.
Asimismo, recordaron que en administraciones anteriores se presentaron denuncias formales sin que se ejecutaran órdenes de aprehensión pendientes desde 2015, lo que, aseguran, derivó en impunidad y daños humanos y patrimoniales. Por ello, demandaron acciones concretas que garanticen la seguridad y la paz social en la región antes de que la situación escale nuevamente.
