Manuel Ruiseñor Liévano
En Chiapas, cada vez es más claro que, a diferencia de lo acontecido en gobiernos y décadas anteriores, en los retos de la seguridad pública no habrá un paso atrás. A eso se comprometió públicamente el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, cuya gestión comienza no sólo a mostrar acciones contundentes en esa dirección, sino a mandar ese mensaje que la sociedad necesitaba escuchar y constatar en los hechos, más allá de toda retórica discursiva, tan al uso en la política consuetudinaria. Nada fácil por el camino desandado, aunque se advierte el propósito de lograr mejor coordinación con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, con todas las corporaciones estatales.
Los operativos efectuados en los primeros 9 días de gestión, revelan que ahora la ruta es diferente en municipios y en vías de comunicación y que, como el mismo mandatario lo hubo señalado, “las buenas noticias se vienen para Chiapas”. Pero de igual relevancia es su llamado a la organización ciudadana y a no dejarse intimidar por los delincuentes; así también su exhorto a las y los presidentes municipales, así como a los directores de Seguridad, a estar alineados a la estrategia, al tiempo de enfatizar que “quien tenga colusión con la delincuencia organizada se va a enfrentar con la ley y las investigaciones”.
No se tenía precedente en este tipo de declaraciones por parte de un gobernante chiapaneco, quien, sin eludir su responsabilidad constitucional y en vez de imitar al avestruz metiendo la cabeza en el hoyo, hace frente al grave y complicado desafío de pugnar por la seguridad y tranquilidad de los gobernados, el eje central de la unidad y reconciliación social, indispensables en las obligadas tareas del crecimiento y bienestar.
De modo que no hay espacio para la duda, porque el compromiso es público y manifiesto desde el poder Ejecutivo. Y para muestra de la convicción en la causa de la seguridad de los chiapanecos, un botón: El operativo de seguridad realizado en Comitán hace 2 días, derivó en la detención de 92 policías municipales, acusados de estar vinculados con el crimen organizado y de obstruir el trabajo de las autoridades estatales. El operativo, encabezado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), tenía como objetivo desmantelar puntos de venta de drogas en la región. Además de los policías detenidos, 30 civiles también fueron arrestados por su participación en bloqueos de carreteras y agresiones contra las fuerzas de seguridad. La nota singular del caso es que, entre las 135 personas detenidas, estaba el secretario de Seguridad Pública Municipal, José Santiago Alfaro Villegas, quien había sido recientemente ratificado en su cargo por el presidente municipal Mario Guillén Domínguez.
Una cuestión que revela con claridad que nadie estará por encima de la ley, aun tratándose de funcionarios de nivel. Y no sólo eso, sino que pone en vitrina a los propios presidentes municipales como el de Comitán de Domínguez, quien necesariamente deberá ser investigado.
De ese calibre es el compromiso del gobernador Ramírez Aguilar que, atendiendo la querella ciudadana de su lugar de origen, decidió cumplir con un operativo concertado con las fuerzas del orden público federal y del estado, para barrer con la corrupción y poner de cara a la justicia a quienes, todo parece indicar, no son servidores del pueblo.
El tema de la seguridad pública en Chiapas, necesariamente parte de lograr que se debe garantizar a la ciudadanía la ausencia de riesgo, daño o peligro como obligación del Estado. Y es que, por causa de todos los indicadores de violencia y delito, no se puede aspirar a menos que un desarrollo en un marco seguro, pacífico y armónico.
A todo esto, debe encaminarse el sistema de justicia y los diversos actores que la integran, con la cara visible y respetuosa de los derechos humanos de las fuerzas del orden público. Hasta el momento, todo avanza en esa dirección, pero la clave del éxito y la continuidad radica en no bajar la guardia, una vez superado el reto de los primeros 100 días de gobierno. Ese será el factor de confianza ciudadana en la nueva gestión de gobierno, así como el combustible que las y los chiapanecos requerimos para no volver a mirar atrás, para salir de los escombros del miedo por la inseguridad. Acaso el camino más corto para ir despejando este tiempo nublado que coincidió con el cambio de gobierno. Nos lo merecemos toda vez que seamos cabalmente corresponsables. Una sociedad activa que denuncia el delito y, desde cada hogar, funda una nueva cultura ciudadana participativa. Tal vez no sea mucho pedir aún el desaliento prevaleciente. Los signos del cambio son evidentes y por igual esperanzadores. Así sea.
