Héctor Estrada
El cúmulo de irregularidades cometidas por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, bajo responsabilidad de Humberto Pedrero Moreno, finalmente se vio coronada este martes con el incumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) que ordenó la entrega de recursos para el pago de prerrogativas a los partidos políticos locales, por un monto superior a los 65 millones de pesos.
El plazo fatídico de 48 horas finalmente se consumó sin que la dependencia estatal respondiera al ultimátum judicial. No hubo ni el menor movimiento o intención por parte del equipo de Pedrero Moreno para atender tan importante sentencia. El desinterés e indiferencia incluso sorprendió a los propios consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que francamente no esperan semejante decisión gubernamental.
Y es que, el desacato flagrante a la sentencia no es un asunto que deba tomarse a la ligera. Tiene serias implicaciones jurídicas y penales que podría significar una multa económica o, en el extremo de los casos, la instrumentación de órdenes de aprehensión contra los responsables directos del incumplimiento al plazo judicial. Se trata a todas luces de una falta grave cometida por el Gobierno de Chiapas, mediante la Secretaría de Hacienda.
La decisión del gobierno de Manuel Velasco Coello para incurrir en el incumplimiento de la sentencia abre una nueva ventana de lo que sucede con el manejo de recursos al interior de la Secretaría de Hacienda. No se trata de una decisión fortuita. Tiene razones de fondo que expresan abiertamente la no disponibilidad del monto requerido. Presupuesto que podrían finalmente ya no existir o haber redireccionado hacia otros fines, (como la operación electoral en el Estado de México, por ejemplo).
Y la idea no podría resultar tan descabellada. Entre los pasillos de la dependencia incluso hay quienes aseguran que se trata de una decisión consensada que contemplaría el pago de las sanciones económicas (realmente simbólicas comparadas con el monto adeudado) para finalmente prolongar un poco más el litigio; todo mientras los ajustes financieros se concluyen para dar cumplimiento a la entrega de las tan postergadas prerrogativas de ley, que a casi medio año no han sido entregadas.
Hoy la estrategia jurídica al interior del IEPC se cocina a fuego lento. Hasta la noche de este martes la ruta legal a seguir ni siquiera se tenía decidida. Se trata evidentemente de un tema de suma complejidad donde las presiones e intereses políticos también jugaran su papel protagónico. Finalmente se trata de uno de los tres hombres más cercano a Velasco Coello, que durante los últimos años ha fungido como el principal brazo ejecutor de las “jugadas” gubernamentales.
A Humberto Pedrero se le deben de manera directa otros tantos casos de gravedad como el incumplimiento a proveedores, el desvío de recursos del sector salud, las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y la pésima administración de la deuda pública estatal incrementada durante los últimos años, entre otros asuntos más, que desde hace mucho tiempo le hubieran significado su destitución de la dependencia. Sin embargo, por razones inexplicables, eso aquí simplemente no ha sucedido.
El curso legal que llevará el caso durante las siguientes semanas requerirá atención puntual de los distintos actores en Chiapas. Es un tema que, aún con el pago de las sanciones, deberá tener consecuencias graves sobre los responsables directos. La Secretaría de Hacienda ha desbordado el vaso de las arbitrariedades y su pésimo desempeño representa ya una inminente herencia de más quebrantos y problemas financieros acrecentados para el pueblo de Chiapas… así las cosas.
