Héctor Estrada
Y finalmente la soberbia terminó cobrando una cara factura a Roberto Albores Gleason quien este sábado vivió el peor de los escenarios posibles para un supuesto evento de “catapulta electoral”, que concluyó convirtiéndose en un completo desastre, contraproducente para las aspiraciones del senador chiapaneco encarrilado en los jaloneos internos para hacerse de la candidatura priista al gobierno de Chiapas.
Lo sucedido este 22 de abril en el Estadio Víctor Manuel Reyna se consumó como el peor de los momentos para Albores Gleason y el grupo que impulsa su precoz candidatura. Todo salió mal. La campaña previa fue opacada por las acusaciones internas, el estadio nomás no se llenó, la dirigencia nacional fue una gran ausente y la presencia mediática posterior al evento fue aplastada por las denuncias de beneficiarias del programa Prospera y la reprobable agresión contra medios de comunicación que documentaban la inconformidad de los asistentes.
El acto de “destape”, planeado con muchos meses de anticipación y varios millones de pesos para su organización, finalmente fracasó de la peor manera. Y la responsabilidad de semejante descalabro político no puede ser exclusivamente atribuible a los arbitrarios operadores del programa Prospera, a los organizadores, a los guardias de seguridad o a los enemigos internos que hoy disfrutan del fracaso “alborista”. Ahí la única responsable fue la soberbia de Albores Gleason y quienes lo asesoran.
Las proyecciones expuestas días antes ya pintaban riesgos evidentes. Los acarreos forzados desde ayuntamientos como el de Cintalapa y Tapachula estaban muy advertidos. Y qué decir de las múltiples denuncias sobre el inminente uso arbitrario del programa Prospera para obligar a miles de beneficiarias a rellenar el Estadio Zoque. Los ojos enjuiciadores y la atención de los enemigos estaban sobre tierra fértil. La mesa estaba servida para el desastre.
Pero “los Albores” decidieron no modificar ni un solo detalle de lo planeado. Suspender el acarreo masivo y arbitrario, para hacer un evento más “a modo” y menos riesgoso no estaba en tela de juicio. Nadie iba a arruinar el fastuoso evento de destape que tanto se habían soñado y planeado con mucha anticipación. Las advertencias sobre los riesgos que implicaba tratar de igualar un evento de acarreo masivo en momentos políticos distintos y tiempos comunicacionales menos controlados simplemente no fueron escuchadas.
El evento multitudinario de este sábado se convirtió en el “harakiri” más costoso (en todos los sentidos) para el proyecto electoral de Roberto Albores. Todo se salió de control y las consecuencias están resultando muy caras. El uso arbitrario de programas federales para llenar su acto de campaña anticipada es grave desde el ángulo en que quiera verse. Deberá someterse a las investigaciones necesarias y aplicar la separación de cargos a los funcionarios que resulten involucrados. Las pruebas sobran en el dominio público.
La agresión a los medios de comunicación (detenidos, expulsados y puestos a disposición de las autoridades policiacas) es igual de reprobable. Evidentemente los elementos de seguridad no actuaron por decisión propia. El material audiovisual hace evidente que las indicaciones eran precisas. Se trató de órdenes y procedimientos injustificables que no se arreglan con simples mensajes de disculpas o argumentos de desconocimiento. Requieren de sanciones y acciones precisas sobre quienes tomaron decisiones.
Las cosas para Roberto Albores Jr. hoy están más complicadas de nunca, ha puesto a merced de sus adversarios combustible puro para dificultar su camino a la candidatura priista al gobierno de Chiapas. Vienen tiempos aún más complicados donde deberá demostrar si es capaz de enmendar errores y redireccionar el barco o, de plano, hundirse en medio de la tormenta preelectoral que ya ha comenzado… así las cosas.
