Héctor Estrada
La respuesta dada por el Gobierno de Chiapas a los profesores de secundarias técnicas que se mantenía en plantón sobre la Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez es muestra fehaciente del autoritarismo, la corrupción en todos los niveles y el cochinero que previa desde hace años en la administración de recursos financieros dentro de la Secretaria de Educación estatal.
El desalojo (pacífico o no) y la detención de 48 manifestantes es a todas luces un abuso del gobierno que hoy encabeza Manuel Velasco Coello. El procedimiento, más allá de lo legaloide, exhibe la indiferencia y mezquindad de un gobierno que busca someter a quienes desesperados exigen lo más esencial para cualquier trabajador: el pago por el trabajo realizado.
Y es que, para poner el claro el panorama es necesario hacer algunas precisiones sobre las razones que han llevado cada seis meses a los profesores de secundarias técnicas a salir a las calles durante los últimos años. No se trata de un capricho o gusto por apoderarse de las vías públicas. Responde estrictamente a la necesidad de ser escuchados para exigir el pago de horas-clase laboradas, tras solicitudes pacíficas que sólo reciben silencio y apatía.
El método de la Secretaría de Educación estatal ha sido tramposo y abusivo. Debido a la alta demanda de estudiantes en las secundarias técnicas (principalmente en comunidades indígenas o rurales) ha autorizado desde hace años la apertura de nuevos grupos y/o extensión de horarios para dar cobertura. Sin embargo, nunca ha formalizado ni el incremento salarial, ni la apertura de nuevas plazas docentes de base.
La estrategia oficial ha sido pedirles a los profesores de planta hacerse cargo de grupos adicionales o responsabilizarse de más horas de clases y/o, en su caso, contratar interinos bajo la figura de contratos especiales que, en la lógica presupuestal, no deberían demorar más de seis meses. Y es que, se supone, se trata de recursos previamente etiquetados dentro de los respectivos Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) que al final de cuentas no aparecen por ningún lado.
Así se han abierto grupos que con el paso del tiempo ya no han podido cerrarse; se han admitido a matrículas estudiantiles que resultan ahora imposibles de recortar y se han extendido horarios que ya no pudieron ser reducidos. No obstante, los pagos prometidos nunca han llegado. Las solicitudes de cumplimiento por los salarios adeudados se han agotado una tras otra. La respuesta ha sido la misma durante los últimos años: no hay recursos y queda a determinación de los docentes atender o no a los grupos u horas adicionales.
Se trata de una postura cobarde y cínica por parte de las autoridades educativas. Saben perfectamente que los docentes no van a deshacerse de los grupos o estudiantes con quienes ya llevan trabajo avanzado. Han colocado a las y los profesores “contra la pared” y están conscientes que tienen la “sartén por el mago”. Por eso han abusado deliberadamente del presupuesto asignado al pago de ese sector docente. Por eso tanto exceso en las demoras.
En los acuerdos pasados las autoridades educativas han prometido una y otra vez que se legalizarán los pagos salariales, pero nada de eso ha sucedido. Del último acuerdo para levantar el plantón sólo les entregaron los recursos de un sólo periodo (tres meses). Los adeudos tienen retrasos tan añejos que en muchos de los casos datan de 2014 o 2015. Más de tres años si poder regularizar la fluidez de un recurso presupuestal que debería comprobarse cada año.
En total son alrededor de 150 millones de pesos que se adeudan a los docentes que este martes fueron desalojados y detenidos por elementos de las fuerzas policiales estatales. Un monto que se suma a los más de 800 millones de pesos que la Secretaría de Educación no ha podido comprobar desde los tiempos del ex secretario Ricardo Aguilar Gordillo. Pero de esos verdaderos delincuentes simplemente no se dice nada. Ahí el Estado de Derecho no tiene la efectividad que hoy tanto se pregona… así las cosas.
