* Tras la presencia de personal federal, medios locales reportaron la retención de dos funcionarios. Más tarde, la comunidad aclaró que no fueron agredidos ni privados de su libertad.
Redacción / Alfaro Noticias
El domingo 20 de julio, medios de comunicación locales reportaron que habitantes de la colonia 5 de Marzo de San Cristóbal de Las Casas habrían retenido a dos trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), luego de que estos ingresaran a la zona donde se realizan trabajos para la instalación de postes eléctricos. La comunidad solicitó la presencia del delegado Roberto Jordán Zúñiga Vázquez para aclarar si existía alguna instrucción oficial para detener las obras.
De acuerdo con las autoridades comunitarias, los funcionarios federales no informaron previamente sobre su visita ni mostraron documentación que justificara su presencia. Al considerar que su intervención ponía en riesgo el avance del proyecto, decidieron mantenerlos bajo resguardo mientras se solicitaba diálogo con representantes de la dependencia.
Durante una asamblea pública realizada ese mismo día, los propios trabajadores de la CONANP declararon que no fueron agredidos ni privados de su libertad. Aseguraron que el malentendido se originó por una falta de comunicación y que desconocían con certeza quién les había instruido acudir al lugar.
Representantes de la comunidad, entre ellas mujeres indígenas tseltales, tojolabales y choles, expresaron su preocupación por lo que consideraron una intervención unilateral de la CONANP. Afirmaron que llevan años colaborando con diversas instancias gubernamentales para proteger los humedales de montaña sin que eso signifique renunciar a su derecho al acceso a servicios básicos.
Además de exigir la continuidad del proyecto eléctrico, la comunidad denunció actos de omisión, discriminación y presuntos casos de corrupción por parte de la CONANP. Acusaron al delegado Zúñiga de tomar decisiones sin consultar a las autoridades locales y de incumplir compromisos relacionados con la entrega de materiales para actividades de conservación.
Las y los pobladores reiteraron su disposición al diálogo, pero subrayaron que este debe realizarse con respeto a su organización interna y a sus derechos como población originaria. Insistieron en que no se oponen a la protección ambiental, pero sí a decisiones impuestas sin consenso.
