- A pesar de ello, el INE ya comenzó a entregar constancias de mayoría a las y los candidatos con mayor votación.
La reciente elección judicial celebrada el 1 de junio enfrenta más de 100 impugnaciones por presuntas irregularidades en el proceso, entre ellas el uso de acordeones con nombres impresos, errores en el diseño de boletas, casillas mal integradas y cómputos distritales con inconsistencias. A pesar de ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya comenzó a entregar constancias de mayoría a las y los candidatos con mayor votación.
Una de las candidaturas que ha generado mayor atención pública es la de Silvia Rocío Delgado García, quien formó parte del equipo legal del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Delgado se perfila para asumir como jueza penal en el distrito Bravos de Chihuahua, tras obtener más de 23 mil votos y ubicarse entre las candidatas con mayor respaldo ciudadano, según los resultados preliminares del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
Diversas organizaciones civiles, como Projuc y Defensorxs, han señalado a Delgado como parte de un grupo de candidaturas consideradas de “alto riesgo” por presuntos antecedentes cuestionables o vínculos con actores del crimen organizado. La abogada ha rechazado estas acusaciones y defendido su trayectoria, señalando que su trabajo se enmarca dentro del ejercicio legal de la defensa.
La elección judicial fue resultado de una reforma aprobada en 2024 durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de permitir que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto directo. Esta medida ha sido criticada por diversos sectores que consideran que no existen garantías de que dicho mecanismo mejore la independencia del Poder Judicial o la calidad en la impartición de justicia.
Entre los actores políticos que han cuestionado el proceso se encuentra el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien hizo un llamado a los partidos de oposición y candidaturas independientes a presentar impugnaciones antes del 19 de junio. Según Cortés, la baja participación ciudadana, que rondó el 13 por ciento, refleja un rechazo generalizado a la reforma judicial y pone en duda la legitimidad de los resultados.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también presentó una impugnación formal ante el INE. En conferencia de prensa, su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que la elección representó una violación a los principios constitucionales y denunció una presunta imposición por parte del gobierno federal. Las nuevas autoridades judiciales están programadas para asumir funciones el próximo 1 de septiembre.
