- El senador también afirmó que estos recursos podrían salir de los fideicomisos del Poder Judicial.
El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, ha estimado que la elección de jueces, magistrados y ministros, contemplada en la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, costará entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos. Esta cifra, calculada con el apoyo de actuarios y personal del INE, podría cubrirse con parte de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, que suman 23 mil millones de pesos.
Durante los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial, Monreal sugirió que dichos fideicomisos, actualmente destinados a diversas funciones del Poder Judicial, podrían ser utilizados excepcionalmente para financiar esta elección. Esto contrasta con una estimación preliminar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que calculó un costo de 22 mil millones de pesos para el mismo proceso.
Claudia Sheinbaum, presidenta electa, subrayó la necesidad de revisar la viabilidad y los costos de esta elección durante los foros de discusión. Sheinbaum expresó que no se opone a la elección de jueces de manera escalonada, pero enfatizó la importancia de analizar detalladamente el impacto financiero y operativo de la propuesta.
El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, también mencionó los fideicomisos del Poder Judicial en relación a la reforma, aunque previamente había propuesto destinar estos fondos a pensiones para personas con discapacidad. Esta inconsistencia subraya la necesidad de claridad y consenso en el uso de los recursos del Poder Judicial.
Monreal defendió el principio de austeridad en la reforma, señalando que los ministros y magistrados no deberían recibir pensiones vitalicias ni beneficios excesivos tras concluir su encargo. Actualmente, los ministros disfrutan de un paquete de beneficios significativos, incluyendo pensiones, seguros y apoyo logístico.
La discusión sobre la reforma judicial y el uso de fideicomisos continuará siendo un tema central en el debate político, con implicaciones importantes para la estructura y financiamiento del sistema judicial en México.
