Héctor Estrada
Lo que debió resolverse en la privacidad familiar y los tribunales, terminó por convertirse en un escándalo público desde las últimas horas del 2021. La familia Salazar, propietaria del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH), regresó nuevamente al escarnio público el pasado 31 de diciembre, cuando Emilio Salazar Narváez salió a medios de comunicación para dar a conocer la supuesta expulsión de su hijo, Emilio Salazar Farías, debido a presuntos malos manejos dentro de la institución.
Salazar Farías no tardó en responder los señalamientos. Con documentación notarial en mano se presentó también ante medios de comunicación para desmentir las acusaciones de su padre, para revelar supuestos problemas de demencia senil en Salazar Narváez y acusar la existencia de terceros que -aseguró- están utilizando la condición de su padre para desacreditarlo públicamente e intentar conseguir alguna fracción proporcional del negocio que representa la escuela.
Pero el jaloneo por las acciones y la propiedad mayoritaria de la IESCH no es asunto nuevo. Desde 2016 se agudizó en la disputa legal con los primos, Federico y Julio, por el control de la escuela. En 2017 se dio a conocer un supuesto fallo judicial definitivo en favor de los últimos que no prosperó, y en el 2019 la institución entró en una serie de tomas violentas que finalmente terminaron con Federico y Julio expulsados, para dejar legalmente el control en manos de Emilio Salazar Farías y su Padre; como ocurría hasta diciembre pasado.
Pero, entonces, qué sucedió para que padre e hijo entraran en conflicto… La relación comenzó a quebrarse irreparablemente desde julio de 2021, tras las elecciones intermedias. Ya desde ese entonces Salazar Farías se mantenía como propietario mayoritario y administrador general de la institución, y su padre como “rector honorario.
Desde 2005 Salazar Narváez había decido entregar la sesión de sus derechos sobre la escuela a su hijo Emilio, en un acto protocolizado por el notario No. 116 de la Ciudad de México Ignacio Morales Lechuga. A modo de reconocimiento al legado de Salazar Narváez se acordó en ese momento mantenerlo en la rectoría, con una retribución mensual aproximada de un millón de pesos y el uno por ciento de las acciones, de manera simbólica.
Desde entonces no había habido mayor complicación entre ambos. Enfrentaron juntos la embestida de los primos Julio y Federico, así como las amenazas de procesos judiciales en su contra. Además de que don Emilio Salazar Narváez se mantuvo siempre como uno de los principales promotores políticos de su hijo durante sus distintas campañas políticas y procesos electorales.
Con el paso de los años Emilio (hijo) había estado adquiriendo buena parte de las acciones de la escuela que estaban en manos de sus hermanos. Desde 2012 se ostentaba ya como el socio mayoritario de la escuela en Tapachula, con más 90 por ciento de las acciones. Así puede verificarse en el instrumento público 39, 460 dentro del libro 1569, de la Notaría Pública 46 del estado de Chiapas.
El 7 de septiembre del año pasado sucedió lo mismo con la escuela en Tuxtla Gutiérrez. Emilio terminó por adquirir más del 99 por ciento de la institución en la capital chiapaneca. La protocolización del proceso se realizó en la Notaría No. 11 del estado de Quintana Roo, según consta en el instrumento público 6, 196, Volumen Vigesimoquinto… Sin embargo, las cosas cambiaron de manera abrupta.
La aplicación de una auditoría realizada por Emilio (hijo) en septiembre de 2021 reveló irregularidades y excesos en el desempeño de su padre como “rector honorario”. Gastos excesivos y la aparición en nómina de personas sin justificación real fueron detectadas. No obstante, en noviembre pasado, fue el despido de dos primos y una mujer sentimentalmente ligada al Salazar Narváez, que usaban al rector para mantener jugosos ingresos emanados de la institución, lo que terminó por reventar todo.
Por eso la reacción encolerizada del Salazar Narváez contra su hijo en diciembre para llevar las acusaciones al espectro público, sin importar los efectos negativos sobre su propia familia y su esposa quien ha decidido guardar silencio. Desde noviembre ya había amenazas de por medio… Por eso no tardó la inmediata infiltración de viejos intereses oportunistas, a fin de llevar el tema al escarnio público, donde evidentemente Salazar Farías es el más afectado.
No es gratuito que el argumento legal de Salazar Narváez sea hoy el mismo utilizado anteriormente por sus sobrinos, Federico y Julio, para desacreditar la legalidad de Emilio (hijo) como accionista mayoritario, y que personas ligadas a los primos hoy impulsen el tema. Rememorar el acta notarial, en la que los primos trataron de invalidar a Salazar Farías, realizada por el notario público 178 de Chiapas, Luis Alberto Albores Figueroa (involucrado por la periodista Carmen Aristegui en la Estafa Maestra), desata las más legítimas sospechas.
El asunto evidentemente se va a resolver ante los juzgados judiciales respectivos. Se trata pues de un tema estrictamente privado que ha sido llevado a la escena pública como clara estrategia política, para ganar terreno y generar presiones. Así sucede en las estrategias cuando legales los argumentos jurídicos no dan tanto margen de maniobra, por lo que seguramente el caso concluirá como un episodio escandaloso más de un drama familiar que parece interminable… así las cosas.
