Juan Carlos Cal y Mayor
Durante más de tres décadas, el sarampión fue una enfermedad superada en México. Desde 1994 el país había eliminado la transmisión endémica del sarampión y durante más de treinta años no volvió a establecerse la circulación sostenida del virus en el territorio nacional. Se habían alcanzado coberturas de vacunación superiores al 95%, el umbral que impide que el virus se propague y protege incluso a quienes no pueden vacunarse por razones médicas. No fue un logro menor ni un golpe de suerte: fue política pública constante, disciplina técnica y continuidad institucional.
El sarampión es uno de los virus más contagiosos del mundo. Una sola persona infectada puede transmitirlo a más de una docena si no están inmunizadas. Cuando la cobertura baja del nivel crítico, el virus encuentra la rendija por donde entrar. La prevención exige precisión logística y estabilidad administrativa. No admite improvisaciones.
LA GRIETA
La cobertura comenzó a descender en 2019. Antes incluso de la pandemia ya se reportaban retrasos en la adquisición y distribución de vacunas del esquema básico. La aplicación de la triple viral cayó progresivamente en distintos periodos, acercándose en algunos años al 80%. La pandemia agravó el problema, pero no lo inició. El debilitamiento operativo ya estaba en curso.
En 2020 se confirmaron más de 190 casos de sarampión en el país, principalmente en el centro. No fue una epidemia nacional, pero sí una advertencia clara: el sistema había perdido solidez. Un país que había sostenido por más de tres décadas la eliminación de la transmisión interna no debía retroceder de esa forma.
LAS DECISIONES
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se transformó de manera abrupta el modelo de compras públicas en salud. Se centralizaron adquisiciones, se rompieron contratos con proveedores tradicionales y se modificaron mecanismos logísticos bajo la bandera de combatir la corrupción. La intención pudo presentarse como moralizante; la ejecución resultó desordenada.
Al mismo tiempo se eliminó el Seguro Popular y se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, que operó entre reglas cambiantes y tensiones con los estados. Más tarde el modelo volvió a modificarse con la transferencia de funciones al IMSS-Bienestar. En pocos años, el sistema atravesó reestructuraciones sucesivas que afectaron la continuidad técnica.
La vacunación masiva depende de calendarios estrictos, cadenas de frío eficientes y coordinación permanente. Cuando esa maquinaria pierde estabilidad, la cobertura cae. Y cuando la cobertura cae, el virus regresa.
LA RESPONSABILIDAD
No es un debate ideológico. Las vacunas no tienen partido. Son logística, planeación y constancia. México había demostrado que podía mantener eliminado el sarampión durante más de treinta años. Esa capacidad existía. Lo que cambió fue la administración del sistema.
Desmontar estructuras sin garantizar una transición sólida fue una decisión profundamente irresponsable. La salud pública no es un campo para ensayos administrativos ni para reingenierías apresuradas. Cada falla en prevención tiene consecuencias reales.
Cuando decisiones de gobierno debilitan un sistema que protegía vidas y exponen nuevamente a niños a riesgos previsibles, la irresponsabilidad trasciende lo administrativo. Es una falta grave frente a la nación.
Porque en salud pública, equivocarse puede costar muchas vidas.
