Juan Carlos Cal y Mayor
La derrota de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados fue, ante todo, un episodio político innecesario. Desde antes de someterla a votación era evidente que no alcanzaría la mayoría calificada. Aun así, se llevó al pleno, se perdió y se presentó como un gesto de principios: cumplir con una promesa. Pero en política los gestos simbólicos también tienen consecuencias. Y esta vez la consecuencia fue exhibir una derrota que pudo evitarse.
Ante ese revés, el gobierno federal ha anunciado ahora lo que denomina su “Plan B”. La propuesta pretende poner topes a los presupuestos de los congresos locales, reducir el número de regidores en los municipios y ampliar el uso de consultas populares para temas electorales. Sobre el papel suena atractivo: menos gasto, menos burocracia política y más participación ciudadana. Sin embargo, el problema no es el argumento político sino la viabilidad constitucional de lo que se propone.
LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS
La Constitución mexicana establece con claridad que los estados son libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior. En ese marco, cada entidad federativa define la organización de sus poderes, incluidos sus congresos locales. Del mismo modo, los municipios gozan de autonomía para determinar la integración de sus ayuntamientos conforme a las constituciones estatales.
Pretender que desde el centro se establezcan topes al gasto de los congresos locales o que se reduzca el número de regidores en los municipios equivale a intervenir en facultades que no corresponden a la federación. No se trata de una discusión ideológica sino constitucional. El federalismo mexicano descansa precisamente en esa distribución de competencias.
Pero además hay un detalle elemental que parece haberse pasado por alto: cualquier reducción de gasto en los congresos locales tendría que ser aprobada por los propios congresos locales. Es decir, tendría que proponerla y votarla algún diputado local en su respectiva entidad. Sería interesante ver cuántos legisladores estarían dispuestos a levantarse en tribuna para meterse ellos mismos la tijera presupuestal.
EL ABSURDO DE LAS CONSULTAS
Otro de los ejes anunciados consiste en ampliar el uso de consultas populares para temas electorales. Aquí aparece otro problema jurídico evidente. Las consultas populares no son organizadas por el Poder Ejecutivo federal, sino por los órganos electorales. En el caso nacional, por el Instituto Nacional Electoral.
Es decir, para que esas consultas tengan validez jurídica tendrían que ser organizadas por el propio sistema electoral que el gobierno insiste en descalificar por su supuesto costo. En otras palabras: se critica el gasto electoral mientras se propone un mecanismo que implicaría organizar procesos nacionales adicionales, con casillas, funcionarios, logística y conteos. Lejos de representar un ahorro, podría convertirse en una derrama presupuestal considerable. O dicho sin rodeos: un derroche.
EL DISCURSO DEL AHORRO
El gobierno ha planteado que con estas medidas podrían ahorrarse alrededor de cuatro mil millones de pesos. La cifra, sin embargo, palidece cuando se contrasta con otros rubros del gasto público.
Tan sólo las pérdidas operativas acumuladas del Tren Maya y de los hoteles administrados por el Estado superan ya los seis mil millones de pesos. Es decir, más de lo que se pretende ahorrar con toda esta reingeniería institucional.
En ese contexto surge una pregunta inevitable: ¿se trata realmente de una política de austeridad o de un discurso político construido alrededor de la idea de combatir privilegios?
Porque mientras se denuncia el costo de las instituciones, también se observa el comportamiento de la nueva élite política. Algunos aseguran haber sido millonarios antes de llegar al poder; otros representan el fenómeno del nuevo rico de la política mexicana. La austeridad, al parecer, siempre es más exigente con los adversarios que con los propios.
UN PLAN QUE NO ES PLAN B
Lo curioso es que el llamado “Plan B” no es realmente una alternativa a la reforma electoral rechazada. Es, más bien, un desplazamiento del conflicto hacia otro terreno institucional: ahora los congresos locales y los municipios.
La reforma original buscaba modificar el sistema electoral federal. La nueva propuesta pretende incidir en la organización política de los estados. No se trata de una segunda versión del mismo proyecto, sino de un cambio de escenario tras una derrota legislativa. Y todo ello acompañado de una narrativa que simplifica problemas constitucionales complejos.
Con todo respeto, la presidenta podrá ser una científica brillante, pero en este tema específico parece estar recibiendo asesoría bastante deficiente. Cualquier estudiante de derecho constitucional sabe que estas materias pertenecen al ámbito de los estados y de los municipios.
Resulta difícil imaginar que figuras como Ricardo Monreal, maestro en derecho constitucional y veterano del Congreso, no sean plenamente conscientes de estas limitaciones. Uno sospecha que, en privado, más de alguno debe estar observando este episodio con una mezcla de sorpresa y discreta ironía.
EL RIESGO INSTITUCIONAL
México ha construido durante décadas un delicado equilibrio entre federación, estados y municipios. No siempre funciona de manera perfecta, pero constituye uno de los pilares del sistema republicano. Debilitar ese equilibrio bajo el argumento de combatir privilegios puede terminar erosionando instituciones que cumplen una función esencial: limitar el poder.
Criticar a los diputados locales o a los regidores es legítimo. Reformar sus esquemas de gasto también puede ser necesario. Pero esas decisiones corresponden a los estados y a sus propias constituciones. Lo contrario no sería una reforma administrativa. Sería, en los hechos, un paso más hacia la concentración del poder en el centro del país. Y esa es una historia que México ya conoce demasiado bien.
