Héctor Estrada
De las 189 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARS) que deberían estar operando en 2019 dentro de la entidad chiapaneca sólo cuatro se encuentran en pleno funcionamiento. Se trata de un severo déficit denunciado desde 2017 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se ha agravado con el paso de los años, debido a la omisión y corrupción gubernamental.
De acuerdo a declaraciones hechas recientemente por el diputado federal Carlos Alberto Morales Vázquez al periodista Carlos Díaz, actualmente la Dirección de Saneamiento y Calidad de Agua de Chiapas tiene 189 obras registradas. De todas esas, solamente cuatro se encuentran en operaciones, 122 están fuera de funcionamiento y 50 todavía se encuentran en construcción.
La mayoría de las obras se encuentran prácticamente abandonadas. Son proyectos puestos en marcha durante los primeros tres años del sexenio pasado que debieron ser concluidas antes de 2018, pero evidentemente los recursos no terminaron de llegar a sus destinos.
En mayo de 2017 el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Agua y Saneamiento, Leo Heller, advirtió lo sucedido mediante su “Declaración Final de Misión” en México. Calificó a la situación en Chiapas como alarmante tras detectar que, en ese entonces, sólo 12 de las 189 PTARS funcionaban el algún porcentaje de operatividad. El resto, pese a las inversiones millonarias hechas para su construcción, se encontraban inconclusas, inoperantes o abandonadas por falta de mantenimiento y rehabilitación.
Según la ONU, el caso más preocupante es el de la ciudad de San Cristóbal de las Casas donde, pese a su elevada actividad turística y más de 200 mil habitantes, hasta el momento no existe un sistema integral de saneamiento, por lo que la mayoría de sus deshechos residuales terminan descargándose en afluentes aledaños, con graves consecuencias de impacto ambiental documentadas por diversas organizaciones civiles.
Y es que, en julio de 2014 el entonces gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello dio a conocer que ese mismo año se realizaría la construcción y/o modernización de al menos siete nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, además de los estudios y diagnósticos para poner en marcha otras 158 en toda la entidad.
Se trataba de recursos por más de mil 64 millones de pesos autorizados por el Congreso Federal que tendrían sus primeros resultados a más tardar en 2015. No obstante, con el pasar de los años, los proyectos prometidos por la administración de Velasco Coello fueron abandonados de manera progresiva. Todo a pesar de haber concluido los plazos de ejecución y comprobación previsto por el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Hoy la situación se encuentra más compleja que en 2017. Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para elaborar un diagnóstico sobre la situación actual de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Chiapas, conocer lo sucedido durante los últimos años con dichos proyectos y buscar el presupuesto necesario para su reactivación.
El repentino abandono de las obras y las discordancias entre la asignación de recursos federales y los proyectos concluidos exponen evidentes irregularidades dentro de los casos señalados. El gobierno de Manuel Velasco podría abrir un nuevo expediente de corrupción sexenal que involucraría al supuesto eje rector de su administración como un gobierno ecologista que resultó bastante ecocida… así las cosas.
