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El costo de los congresos estatales exponen la desigualdad invisible del federalismo mexicano

El costo de los congresos estatales exponen la desigualdad invisible del federalismo mexicano
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Mientras algunos ciudadanos tienen hasta cinco veces más representación legislativa que otros, el debate público sigue concentrado en la falacia de cuanto cuesta el congreso.

Carlos Perola Burguete y Carlos Perola Chandomi

De vez en cuando aparece en redes sociales o en informes políticos una tabla que pretende darle mayor importancia  a cuánto cuesta cada diputado en los congresos estatales de México. Las cifras son espectaculares. Veinte millones, treinta millones, incluso más de treinta millones de pesos por legislador. El mensaje es inmediato y emocional: cada diputado es una carga descomunal para la sociedad.

La indignación es comprensible. Pero el problema no está en la indignación. El problema está en el número.

En el debate público suele repetirse que algunos congresos estatales son demasiado caros. El argumento se sostiene en un cálculo aparentemente sencillo: dividir el presupuesto legislativo entre el número de habitantes. Bajo ese criterio, el Congreso de Chiapas aparece como uno de los más baratos del país. Cada ciudadano aporta apenas unas decenas de pesos al año para sostener al Poder Legislativo.

El dato parece demostrar austeridad. Pero al mismo tiempo oculta una pregunta más profunda: ¿cuánto poder legislativo recibe realmente cada ciudadano?

Responder esa pregunta exige ir más allá del costo por habitante y observar el sistema completo.

Cuando se comparan varios indicadores simultáneamente, el panorama cambia.

Primero aparece la representación política. En estados como Campeche o Colima existen más de treinta diputados por cada millón de habitantes. En Chiapas la relación apenas supera los siete. Esto significa que un legislador chiapaneco representa varias veces más ciudadanos que en esos estados.

La segunda variable es el recurso institucional disponible para cada diputado. Mientras congresos como el de Baja California o la Ciudad de México operan con presupuestos legislativos que superan ampliamente los veinte o treinta millones de pesos por legislador, en Chiapas el monto es considerablemente menor.

La tercera variable es el tamaño institucional del Congreso dentro del propio Estado. En varias entidades federativas el Poder Legislativo representa cerca del uno por ciento del gasto público. En Chiapas el porcentaje ronda apenas 0.24 % del presupuesto estatal, uno de los valores más bajos del país.

Cada uno de estos datos, tomado por separado, describe un aspecto del sistema. Pero cuando se combinan aparece algo más revelador.

El índice de poder legislativo por ciudadano

Si se multiplica la representación política por los recursos institucionales disponibles para cada legislador, aparece lo que podemos llamar poder legislativo efectivo por ciudadano.

En términos simples, este índice mide cuánta capacidad institucional del Congreso corresponde a cada habitante.

Los estados con más diputados por habitante y con mayor presupuesto legislativo generan un índice alto. Los estados con menos representación y menor capacidad institucional producen un índice bajo.

Bajo este enfoque, la imagen del federalismo mexicano cambia radicalmente.

Estados pequeños como Campeche o Colima concentran una mayor cantidad de poder legislativo por ciudadano. Estados grandes como Estado de México, Puebla o Chiapas distribuyen ese poder entre muchos más habitantes.

El resultado es una desigualdad institucional silenciosa: no todos los ciudadanos reciben la misma capacidad de representación legislativa.

Lo que el índice revela

Cuando se observa el sistema completo, el Congreso de Chiapas deja de parecer simplemente barato.

Lo que aparece es otra realidad.

Cada diputado representa a más ciudadanos que en varios estados del país. Cada legislador opera con menos recursos institucionales. Y el propio Congreso representa una fracción menor del gasto estatal.

En conjunto, esos tres factores producen un resultado claro: el poder legislativo disponible para cada ciudadano es menor.

El dato económico se transforma entonces en un dato político.

La estructura del federalismo

Este fenómeno no es accidental. Forma parte de la arquitectura del federalismo mexicano.

Los estados pequeños mantienen congresos relativamente amplios respecto a su población, lo que incrementa la representación política por ciudadano. Los estados más poblados, en cambio, distribuyen su representación entre millones de habitantes.

El sistema privilegia un equilibrio territorial mínimo, pero al hacerlo genera diferencias significativas en la capacidad institucional del poder legislativo entre entidades federativas.

Por eso, cuando se afirma que un Congreso estatal es barato porque cuesta pocos pesos por habitante, la conclusión puede ser engañosa.

El verdadero indicador no es cuánto cuesta el Congreso, sino cuánto poder legislativo recibe cada ciudadano.

Y cuando se observa el caso de Chiapas desde esa perspectiva, el debate deja de ser sobre austeridad.

Se convierte en una discusión más profunda sobre representación, equilibrio de poderes y desigualdad institucional dentro del federalismo mexicano.

El caso Chiapas, integrado con todos los parámetros

Chiapas aparece con una combinación muy reveladora

•    62 pesos por habitante: parece barato

•    8.57 mdp por legislador: opera con pocos recursos institucionales

•    7.2 diputados por millón: baja representación relativa

•    138,596 habitantes por diputado: alta carga representativa

•    0.24% del presupuesto estatal: uno de los congresos más pequeños del país en términos presupuestales

Conclusión sobre Chiapas

El dato aislado de que “el Congreso cuesta poco” es engañoso.

Visto integralmente, lo que muestra la matriz es que Chiapas no solo gasta poco: también tiene menos representación legislativa por ciudadano y menor tamaño institucional del Congreso.

No todos los ciudadanos pesan igual dentro de los congresos locales.

En algunos estados, un diputado representa 26 mil personas; en otros, más de 138 mil.

Eso no es austeridad: eso es desigualdad de representación.

Si la representación es el corazón de la democracia, los números revelan una paradoja inquietante: en México no todos los ciudadanos pesan igual dentro de los congresos estatales. Según el estado donde vivan, algunos cuentan con mucha más representación legislativa que otros. En la práctica, el sistema termina produciendo ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta en términos de representación política.

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