Juan Carlos Cal y Mayor
La amenaza de Trump de imponer un arancel del 5% a México si no entrega el agua pactada revive un conflicto que no es nuevo, pero que hemos dejado crecer hasta volverse un problema político, económico y social. No se trata solo de un tratado incumplido: se trata de una ineptitud repetida para gestionar un recurso escaso en tiempos de sequías históricas y también de una narrativa mexicana que pretende justificarse con tecnicismos mientras los productores texanos presionan al gobierno estadounidense. Y, al final, los que pagan el costo son nuestros agricultores, no los burócratas que fallan.
UN TRATADO QUE SÍ OBLIGA, PERO QUE MÉXICO HA MANEJADO MAL
El Tratado de Aguas de 1944 establece una fórmula sencilla: México entrega cada ciclo cinco años 1,750 millones de metros cúbicos de agua a través del río Bravo. A cambio, recibe agua del río Colorado. Ese intercambio ha funcionado durante décadas porque ambos países dependen de él… hasta que dejaron de cumplirse las entregas mexicanas en tiempo y forma.
Aquí está la raíz del problema: No es que México “no quiera” pagar; es que no puede garantizar el volumen porque no ha gestionado cuencas, presas ni riego de manera eficiente, y porque las sequías de los últimos años hicieron colapsar la disponibilidad de agua en Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.
Pero Estados Unidos no atiende excusas: atiende compromisos. Y cuando México no cumple, la presión cae sobre los productores texanos, que ven sus cultivos agonizar mientras del lado mexicano se cierran válvulas para salvar la cosecha nacional. Cada metro cúbico no entregado es un voto perdido para los políticos de Texas. Por eso la presión es brutal.
UNA CRISIS QUE TAMBIÉN ES POLÍTICA
La administración mexicana se ha dedicado más a justificar los retrasos que a resolverlos. Lo grave es que la Casa Blanca —sea Biden o sea Trump— escucha primero al granero texano antes que a las conferencias matutinas.
El resultado: el agua terminó convertida en instrumento electoral y arma negociadora, y México en el niño regañado de la región.
Trump ya puso fecha límite: el último día del 2025. Y amenaza con un castigo económico que, en su lógica, es más eficaz que cualquier mesa técnica o nota diplomática. Lo preocupante es que tiene margen legal para hacerlo bajo el argumento de “incumplimiento de un acuerdo internacional”.
NUESTROS AGRICULTORES: LOS DAÑOS COLATERALES
Mientras los gobiernos pelean y los diplomáticos redactan comunicados, la afectación real cae sobre los agricultores mexicanos.
¿Cómo? Menos agua disponible para riego. Los volúmenes que antes se administraban localmente ahora deben destinarse a cumplir urgencias con Estados Unidos. Las presas de Chihuahua y Tamaulipas operan al límite. Se reducen los ciclos de riego y se adelgazan las cosechas. Pérdidas económicas y menor productividad. La falta de agua recorta rendimientos de sorgo, maíz, algodón y nogales. Baja la calidad del producto y suben los costos. México pierde competitividad agrícola justo cuando el nearshoring abre oportunidades. 3. Inseguridad jurídica para productores.
Cada vez que el gobierno ordena liberar agua para pagar el tratado, los agricultores protestan porque ven cómo se vacían presas que necesitan para sobrevivir. Lo que debería ser política hídrica se volvió conflicto social. 4. El riesgo final: aranceles.
Un arancel del 5% golpearía exportaciones mexicanas del campo y la industria. Y sí: la represalia comercial de Estados Unidos no solo es posible, es probable, porque el agua es la línea roja del sur de Texas.
DE LA NEGACIÓN A LA RESPONSABILIDAD
Aquí el fondo del asunto: Durante años México actuó como si el agua fuera infinita. No modernizó su infraestructura, no reguló pozos clandestinos, no tecnificó el riego y no invirtió en captación. Hoy pagamos el precio de esa irresponsabilidad.
La única salida es dejar de administrar el conflicto y empezar a administrar el agua. No basta con discursos nacionalistas ni con acusar a los vecinos del norte. El tratado obliga, pero México tiene derecho a exigir flexibilidad si demuestra con datos que está haciendo su parte.
Mientras no lo haga, seguiremos atrapados entre la sequía del desierto y la sequía diplomática.
