Esteban León
El Estado de México ocupa, junto a Jalisco y Chiapas, los primeros lugares a nivel nacional de embarazos de niñas de entre 10 y 14 años de edad, mismos que expertas en derechos sexuales y reproductivos de la organización internacional Ipas señalan que son en su mayoría producto de violencia sexual
Según el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), en Chiapas se atienden cada vez más casos de embarazadas entre los 10 y 19 años de edad, cuando la edad más apropiada para ser madre es de entre los 20 y 35 años; se reportaron que el hombre responsable tenía entre 18 y 54 años de edad
En 2018 el estado figuraba como el primer lugar en embarazos en menores de edad, la mayoría de las infantes que se embarazaron vivían en condiciones de pobreza, y/o marginación.
Cabe resaltar que en Chiapas la mitad de la población adolescente vive en zonas rurales, donde la información sobre sexualidad, anticonceptivos o enfermedades de transmisión sexual es de escasa a nula; datos del Consejo Estatal de Población (Coespo) reportan que en Chiapas sólo cinco por ciento de la población usa condón,
En comparación con otros países, en México, 77 de cada mil mujeres embarazadas son menores de edad, cifra superior a la de otros países latinoamericanos como Costa Rica, Uruguay, Chile o Perú, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
Según la psicóloga María de los Ángeles Jiménez, representante del centro psicológico Psiqui-Mundi, los
“Trastornos como la depresión, ansiedad, ataques de pánico, ideas suicidas son comunes al momento de tratar a jóvenes menores de edad que están embarazadas, o ya tuvieron a su bebé, ya que muchas de ellas fueron abusadas, culpadas o marginadas por familiares o la sociedad. Obviamente ellas no tiene la comprensión total de las cosas que le suceden, sin mencionar, que todavía tienen que atender, criar, y mantener a un bebé”
Defensoras de los derechos de la mujer aseguran que si algo caracteriza a la entidad es la falta de aplicación de protocolos con perspectiva de género y adaptados para las niñas que acuden a centros de salud por embarazos que permitirían identificar la violencia sexual; a eso se suma la indiferencia que alcanza al sector educativo, familiar y de procuración de justicia. Señalan que estos casos ocurren en contextos culturales donde la normalización de la violencia es una constante, donde se ve a las mujeres y a las niñas en particular como objetos y no como sujetos.
