* El proyecto fija un tope a las jubilaciones en el sector público y deberá ser aprobado por al menos 17 legislaturas estatales para entrar en vigor
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar las llamadas pensiones “doradas” en la administración pública, con lo que el proyecto fue turnado a los congresos estatales para su eventual ratificación.
Con 458 votos a favor, la iniciativa modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer que las pensiones de trabajadores de confianza en organismos descentralizados y empresas productivas del Estado no podrán superar los 70 mil pesos mensuales.
Al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen deberá ser avalado por al menos 17 congresos locales antes de ser enviado al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación.
Durante la discusión en San Lázaro, legisladores de todas las fuerzas políticas respaldaron el proyecto en lo general, aunque tanto la mayoría como la oposición anunciaron la presentación de reservas en lo particular, principalmente por preocupaciones sobre una posible aplicación retroactiva de la medida.
Diputados de Morena y aliados defendieron la reforma al señalar que busca corregir desequilibrios en el sistema de pensiones y evitar pagos considerados excesivos a una minoría de exfuncionarios, particularmente en empresas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Por su parte, legisladores de oposición advirtieron que el dictamen podría vulnerar derechos adquiridos de trabajadores que accedieron legalmente a sus jubilaciones, por lo que plantearon ajustes para evitar afectaciones indebidas.
Mientras se desarrollaba el debate, un grupo de jubilados de empresas del Estado intentó ingresar al recinto legislativo en protesta por la reforma, lo que derivó en incidentes en uno de los accesos del recinto.
De acuerdo con información oficial, la eliminación de estas pensiones permitiría un ahorro estimado de 5 mil millones de pesos en el gasto público. La discusión en lo particular continuará antes de que el proyecto sea remitido a las legislaturas estatales.
