* La aprehensión del defensor de derechos humanos quedó registrada oficialmente, mientras organizaciones civiles denuncian criminalización de su labor
Redacción / Alfaro Noticias
Luis Rey García Villagrán, activista y defensor de derechos humanos, fue detenido la mañana del martes en el municipio de Tapachula. La detención ya aparece registrada en el Registro Nacional de Detenciones, sin que hasta el momento las autoridades federales hayan emitido una postura oficial sobre los cargos que se le imputan.
De acuerdo con información consultada en el registro, García Villagrán fue aprehendido a las 10:11 horas en la colonia Los Naranjos, cerca del parque Bicentenario, en el momento en que se encontraba en las inmediaciones de una protesta relacionada con una nueva caravana migrante. Posteriormente fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Tapachula, bajo custodia del Ministerio Público Federal.
Fuentes cercanas al caso indicaron que la detención fue realizada por presuntos elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y que los delitos por los que se le investiga estarían relacionados con tráfico de personas y asociación delictuosa. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.
Durante las últimas semanas, García Villagrán había encabezado denuncias públicas contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a quienes acusó de presuntas prácticas de corrupción y de exigir pagos ilegales a personas migrantes. También reportó amenazas en su contra por parte de supuestos integrantes del crimen organizado.
En respuesta, integrantes de colectivos y organizaciones sociales han condenado su detención y han calificado el hecho como un intento de criminalizar el trabajo en defensa de los derechos humanos. Llamaron a los medios de comunicación amantenerse atentos al caso y exigieron garantías para el debido proceso.
El párroco de Ciudad Hidalgo, Heyman Vázquez Medina, se pronunció sobre el caso frente a la Fiscalía General de la República en Tapachula. Señaló que el gobierno mexicano actúa contra quienes denuncian abusos y colusión con el crimen organizado, pero no investiga ni sanciona a quienes realmente lucran con el tráfico de personas.
“El gobierno está coludido con la delincuencia organizada. A quienes trafican con migrantes no los tocan, siguen libres. Pero cuando alguien como Luis los denuncia, entonces le fabrican delitos como delincuencia organizada o tráfico de personas”, declaró el sacerdote.
Vázquez Medina también cuestionó el papel de las corporaciones de seguridad. Aseguró que la Guardia Nacional, la Marina y las autoridades estatales y municipales conocen las rutas de tráfico de personas, pero no actúan.
Según el Servicio Internacional para la Paz, Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional en agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En el último año, se han documentado al menos 124 casos de ataques o intimidaciones en la entidad.
