* Sandra Luz Téllez Nieves fue ubicada gracias a una ficha roja de Interpol, pero las víctimas denuncian que no han recibido información oficial del gobierno mexicano sobre el proceso
A más de 16 años del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, fue detenida en el centro de detención de Eloy, Arizona, Sandra Luz Téllez Nieves, una de las socias propietarias del inmueble. La detención responde a una orden de reaprehensión emitida en México, según confirmó el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, conformado por familiares de las víctimas.
El grupo exigió al gobierno mexicano agilizar la solicitud de extradición para que Téllez Nieves cumpla la sentencia definitiva dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el delito de homicidio culposo. Consideran que la procesada no es una perseguida política, como han alegado sus abogados en Estados Unidos, sino una de las responsables directas de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009, donde murieron 49 menores y más de 100 resultaron con lesiones graves y permanentes.
De acuerdo con una carta pública firmada por el colectivo, la captura se habría concretado tras activarse una ficha roja de Interpol. Sin embargo, las familias denunciaron que ni la Fiscalía General de la República ni otras autoridades mexicanas han emitido información oficial, lo que calificaron como un acto de omisión que abona a la impunidad.
La estancia infantil operaba bajo subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social y el incendio, según las investigaciones, se originó en una bodega contigua perteneciente a la Secretaría de Hacienda estatal. Desde entonces, el caso ha estado marcado por señalamientos de encubrimiento, vínculos con funcionarios de alto nivel y obstáculos judiciales para sancionar a los responsables.
Actualmente, una firma legal en Estados Unidos promueve un proceso de asilo político para evitar la deportación de Téllez Nieves, argumentando persecución por parte del Estado mexicano. Esta estrategia ha generado preocupación entre los familiares, quienes consideran que se busca encubrir el delito con argumentos políticos.
Los deudos apelaron directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el cumplimiento de la sentencia. “No podemos permitir que este crimen de Estado quede impune”, señalaron en su comunicado.
