* Es acusada de ordenar la destrucción de grabaciones que habrían captado parte de los hechos ocurridos en Iguala en 2014.
Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero en 2014, fue detenida este miércoles en Chilpancingo por su presunta implicación en la desaparición forzada de personas y por delitos contra la administración de justicia, en el contexto del caso Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República (FGR) la acusa de haber ordenado la eliminación de grabaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, registradas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición de 43 estudiantes normalistas.
De acuerdo con las investigaciones, Galeana Marín estaba al frente del tribunal cuando se reportó la supresión de las grabaciones de las cámaras 12 y 15, colocadas en las instalaciones del Poder Judicial en Iguala. Estos videos habrían captado el momento en que un grupo de estudiantes fue interceptado por hombres armados frente al edificio judicial.
Durante su gestión, tenía bajo su cargo a Javier Uribe Iturbe, del área de informática, y a Luis Europa Solís Jiménez, técnico en mantenimiento, ambos adscritos al TSJ en Guerrero. En 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia informó que fue ella quien habría instruido la destrucción de ese material audiovisual, bajo el argumento de que las imágenes eran “inservibles” debido a fallas técnicas.
Tras un operativo en la colonia Ruffo Figueroa, en Chilpancingo, se logró su localización y detención. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Investigación Criminal, la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional participaron en el cateo. La exmagistrada fue informada de sus derechos y quedó a disposición del juez que definirá su situación jurídica. Durante el arresto, se solicitó atención médica debido a complicaciones de hipertensión.
La detención de Galeana Marín ocurre una década después de los hechos en Iguala, y meses después de que fuera capturado Alejandro Benítez Palacios, alias El Cholo, presunto operador del grupo criminal Guerreros Unidos, señalado como uno de los principales responsables de la desaparición de los normalistas.
El caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta para los familiares de los 43 estudiantes, quienes continúan exigiendo verdad y justicia, señalando entre sus principales demandas el esclarecimiento del destino de los videos desaparecidos y la rendición de cuentas de los funcionarios involucrados.
