* La captura de 14 personas vinculadas con contrabando de hidrocarburos ha evidenciado irregularidades en la Marina y aduanas durante el sexenio pasado
La detención de 14 personas involucradas en el tráfico de huachicol fiscal pone en evidencia la operación de redes ilícitas dentro de la Secretaría de Marina y de aduanas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entre los detenidos están marinos, empresarios y funcionarios de aduanas que habrían facilitado el contrabando de hidrocarburos, aprovechando puestos estratégicos. La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) documenta también al menos ocho muertes vinculadas con estas operaciones, incluidas personas que denunciaron irregularidades internas.
Entre los detenidos se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, mientras que su hermano permanece prófugo. Según la investigación, los hermanos Farías Laguna tenían injerencia en decisiones clave dentro de la Marina y control sobre aduanas estratégicas, lo que permitió el paso de hidrocarburos con documentación irregular, práctica conocida como huachicol fiscal. Casos como el del buque Challenge Procyan, que transportaba 10 millones de litros de diésel declarados como aceites lubricantes, ejemplifican estas operaciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que su gobierno dará seguimiento puntual a los hechos y aplicará las medidas correspondientes conforme a la normatividad vigente. Asimismo, afirmó que se coordina con autoridades federales y de seguridad para garantizar que la investigación avance y se identifiquen responsabilidades.
Especialistas en seguridad, como Paloma Mendoza del CESIG-ITAM, explican que durante el gobierno de AMLO la concentración de funciones económicas y de infraestructura en manos de las Fuerzas Armadas, incluida la Marina, permitió que se consolidara un poder económico que favoreció el surgimiento de redes de contrabando en puertos y aduanas. No obstante, hasta el momento no se ha documentado evidencia de intervención directa del expresidente en las operaciones ilícitas.
El caso también ha mostrado vínculos con empresas privadas. La FGR identificó a empresarios relacionados con el transporte de hidrocarburos, quienes habrían colaborado con los marinos en la operación de la red. La actividad ilícita provocó un daño al erario estimado en decenas de millones de pesos solo en los aseguramientos recientes, aunque consultoras como Petro Intelligence calculan que el contrabando de combustible en México representa pérdidas anuales por 177 mil millones de pesos.
