* El organismo solicitó su liberación inmediata, una indemnización y una investigación contra los responsables de la detención arbitraria.
Redacción / Alfaro Noticias
Cinco activistas indígenas del pueblo maya tseltal fueron condenados a 25 años de prisión por homicidio en Chiapas, pese a que su proceso estuvo plagado de irregularidades. Así lo concluyó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que calificó su detención como una violación al derecho internacional y exigió al Estado mexicano su liberación inmediata, indemnización y reparación integral.
Los detenidos son Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco. Todos fueron arrestados entre mayo y junio de 2022, tras la muerte de un hombre que fue retenido por pobladores de San Juan Cancuc. La víctima, que no pudo pagar una “multa” comunitaria para acceder al pueblo, fue golpeada y murió horas más tarde. El 17 de mayo de 2023, los cinco fueron sentenciados a 25 años de prisión; la misma pena fue ratificada en un nuevo juicio el 19 de abril de 2024.
La ONU observó que durante el proceso legal se cometieron violaciones graves, como la falta de presentación inmediata ante un juez y desapariciones forzadas durante las primeras horas tras su detención. Además, subrayó que los acusados son defensores de los derechos humanos y del territorio, y han participado en movimientos contra la construcción de una carretera entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque, así como contra la presencia militar en la región.
La resolución fue adoptada el 4 de abril y está firmada por juristas de distintos países: Ganna Yudkivska (Ucrania), Matthew Gillett (Nueva Zelanda), Miriam Estrada-Castillo (Ecuador) y Mumba Malila (Zambia). Aunque no es jurídicamente vinculante, constituye una fuerte crítica internacional al sistema judicial mexicano y a su trato hacia los pueblos indígenas. El Grupo de Trabajo pidió al gobierno de México no solo liberar e indemnizar a los activistas, sino también investigar a quienes resulten responsables de su detención arbitraria.
