* Exigen medidas para prevenir la violencia contra niñas y adolescentes en espacios deportivos
Redacción / Alfaro Noticias
Este martes se confirmó la salida de Adonahí Sánchez Osorio como director del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), luego de ser señalado públicamente por presunto acoso hacia una joven deportista. Su destitución fue precedida por manifestaciones de familiares, y colectivas feministas que exigieron su remoción inmediata.
La denuncia surgió a partir de la difusión de un audio en redes sociales, en el que presuntamente se escucha al exfuncionario dirigirse a una menor en términos considerados inadecuados, lo que generó preocupación entre padres y madres de familia por la seguridad de niñas y adolescentes que acuden a las instalaciones del Indeporte.
Aunque no se ha confirmado la existencia de una denuncia formal ante instancias judiciales, diversas organizaciones feministas como Madres en Resistencia, han solicitado una investigación seria y transparente para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y evitar que el caso quede impune. Coinciden en que no basta con el cambio de titular, sino que es necesario transformar las estructuras institucionales que han permitido estas conductas.
En su lugar fue nombrada Bárbara Altuzar Galindo, licenciada en Administración de Empresas y exregidora del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Durante su paso por el cabildo presidió la Comisión de los Derechos de los Niños, Adolescentes y Jóvenes, y participó en iniciativas relacionadas con cultura, deporte y participación ciudadana. También ha formado parte de asociaciones civiles enfocadas en el bienestar social y la promoción cultural en Chiapas.
Al respecto, Gely Pacheco Montero, exsecretaria para la Igualdad de las Mujeres en el gobierno municipal de Tuxtla, advirtió que el caso evidencia una crisis estructural dentro del Instituto. Señaló que “no basta con destituir a una persona; se requiere una transformación institucional con enfoque de género y mecanismos eficaces para prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia”.
Defensoras legales, como Alejandra Coello, han señalado la urgencia de establecer protocolos con perspectiva de género, capacitar de manera obligatoria a todo el personal, crear canales confidenciales de denuncia y garantizar mecanismos independientes de supervisión en los espacios deportivos. Estas medidas son consideradas indispensables para proteger a niñas y adolescentes y evitar la normalización de conductas que pueden escalar a violencias más graves.
Coello destacó que las conductas atribuidas a Adonahí Sánchez reproducen patrones asociados al grooming, un tipo de violencia basada en la manipulación emocional hacia menores de edad desde relaciones de poder y confianza. Subrayó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a las autoridades a garantizar la seguridad integral de este grupo, atendiendo con seriedad cualquier forma de violencia que afecte su integridad. “No basta con gestos simbólicos. Lo urgente es investigar y aplicar medidas contundentes contra quienes vulneran los derechos de las niñas y adolescentes”, concluyó.
