* Los pobladores acusan que la Fiscalía General del Estado cerró la carpeta de investigación y que el actual gobierno no ha dado seguimiento a su caso
Redacción / Alfaro Noticias
Pobladores desplazados de las comunidades San Bartolo y Yaxch’en de los Pobres, en el municipio de Venustiano Carranza, exigieron al gobierno de Chiapas y a la Fiscalía General del Estado que se reabra la carpeta de investigación iniciada por los ataques ocurridos en 2020, presuntamente perpetrados por el grupo armado Alianza San Bartolomé de los Llanos.
Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa del Pueblo, los desplazados denunciaron que las autoridades estatales cerraron sin avances la carpeta 08-106-0413-2022, interpuesta hace tres años, pese a que en los hechos del 26 de abril y 4 de mayo de 2020 fueron destruidas viviendas y se reportaron robos y quema de pertenencias. Señalaron que los agresores continúan en libertad y que la impunidad ha marcado su desplazamiento desde entonces.
“Nos han negado el acceso a la justicia, tanto los gobiernos anteriores como el actual. Queremos que los responsables sean llevados ante la ley y que se reconozca nuestro derecho como desplazados”, expresaron representantes del grupo durante el encuentro con medios.
En febrero y agosto de este año, los afectados presentaron oficios dirigidos al gobernador Eduardo Ramírez y al fiscal general del estado, solicitando seguimiento a su caso. En dichos documentos, firmados por el presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena tsotsil, Jesús Vázquez Solano, los desplazados pidieron la intervención del delegado de Gobierno en Venustiano Carranza para garantizar la continuidad de la investigación.
Hasta ahora, no han recibido respuesta formal. La Coordinación de Atención Ciudadana de la Oficina de la Gubernatura solo confirmó haber recibido la petición, indicando que se dará “seguimiento correspondiente” a través de los canales institucionales.
Los desplazados recordaron que su situación está contemplada en la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, aprobada en 2012, la cual obliga al Estado a garantizar su protección y reparación integral. Sin embargo, denunciaron que a más de cinco años de los hechos continúan sin vivienda ni acceso a programas de apoyo.
Las familias advirtieron que no dejarán de exigir justicia ni de visibilizar su caso. “No vamos a descansar hasta que los responsables de nuestra expulsión sean castigados. Queremos volver a nuestras tierras con seguridad y dignidad”, señalaron.
