* La demanda fue presentada ante la FGR por presunta invasión de bienes nacionales en el contexto del Corredor Interoceánico, según un organismo de derechos humanos
Redacción / Alfaro Noticias
Familias de los municipios de Arriaga y Pijijiapan enfrentan denuncias penales promovidas por Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte, por el presunto delito de invasión de bienes nacionales relacionado con el derecho de vía ferroviaria, informó el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.
De acuerdo con la organización, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República contra tres mujeres de Pijijiapan, así como cuatro mujeres y un hombre de Arriaga, con el objetivo de exigir la entrega del derecho de vía. El organismo considera que estas acciones se inscriben en el proceso de implementación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y afectan a población en situación de vulnerabilidad, particularmente a mujeres.
El Centro de Derechos Humanos advirtió que el uso del derecho penal para atender conflictos de carácter territorial, social o administrativo representa una medida desproporcionada que podría derivar en violaciones a derechos fundamentales, como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la vivienda adecuada y la seguridad jurídica.
Según el pronunciamiento, estas denuncias podrían configurar un patrón de criminalización de la pobreza, al emplearse mecanismos penales para presionar o intimidar a familias que habitan en zonas vinculadas al trazo ferroviario. La organización señaló que este tipo de prácticas contravienen principios de proporcionalidad, mínima intervención penal y justicia social.
El organismo recordó que las autoridades federales tienen la obligación de privilegiar vías administrativas, el diálogo social y la mediación en la atención de conflictos relacionados con infraestructura pública, así como garantizar que no se ejecuten desalojos forzosos sin garantías procesales, consulta previa ni alternativas de reubicación digna.
Los hechos, añadió, se enmarcan en un contexto más amplio de implementación de megaproyectos federales, en el que comunidades han denunciado falta de consulta previa, libre e informada, además de riesgos de desplazamiento forzado y afectaciones a los medios de vida locales.
Ante esta situación, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas y a otros organismos para dar seguimiento al caso y prevenir posibles violaciones a derechos humanos, mientras las denuncias continúan en análisis por parte de la Fiscalía General de la República.
