* Regidores de la actual administración y el alcalde electo han denunciado irregularidades en la entrega-recepción, incluyendo el desvío de fondos y el robo de bienes públicos.
Daniela Alfaro
La administración saliente de Suchiate enfrenta acusaciones de irregularidades a semanas de concluir su mandato. En una conferencia de prensa, los regidores actuales y el presidente municipal electo, Elmer de Jesús Vázquez Gallardo, denunciaron un presunto desvío de recursos y un aumento inusual en los presupuestos para eventos, además de una falta de transparencia en la gestión pública.
La semana pasada, el Cabildo aprobó cerca de un millón de pesos para la celebración del Día del Abuelo y las fiestas patrias. Las regidoras Karla Morales, María Guadalupe Velázquez y Nancy Martínez han cuestionado esta decisión, considerándola elevada dado el presupuesto limitado del municipio y el próximo cambio de administración.
Vázquez Gallardo ha señalado que la alcaldesa sustituta, María Icela Villatoro Durán, parece no estar ejerciendo funciones efectivas, mientras que la exalcaldesa Sonia Eloina Hernández Aguilar sigue ejerciendo influencia. También se ha reportado el robo de equipo y muebles, así como deudas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El presidente electo ha informado sobre presunta violencia política, al no permitírsele retomar su cargo como regidor a pesar de su derecho legal. Además, ha criticado la habilitación de la regidora Dilma Barrios para votar por videoconferencia, considerándola una acción inapropiada.
Las regidoras Morales y Velázquez han denunciado falta de transparencia en la Cuenta Pública y la imposibilidad de acceder a expedientes de obras públicas. También han reportado amenazas y tentativas de soborno en su esfuerzo por exponer estas irregularidades.
Vázquez Gallardo ha solicitado que se deje un presupuesto adecuado para el cierre del año y que se paguen los aguinaldos de los trabajadores antes de la transición. La situación está bajo investigación y se han iniciado procedimientos para presentar denuncias formales ante la Auditoría Superior del Estado.
