* Luis García Villagrán, activista y defensor de los derechos de los migrantes, denunció la venta de visas y la protección a traficantes de personas por parte de funcionarios. También solicitó una audiencia con el gobernador para presentar pruebas.
Daniela Alfaro
Luis García Villagrán, director de Dignidad Humana, pidió al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, una audiencia para presentar pruebas que vincularían a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) con redes de tráfico de personas y extorsión a migrantes. Según el activista, algunos agentes se han beneficiado económicamente de la crisis migratoria, facilitando documentos a cambio de dinero y protegiendo a ciertos grupos de extranjeros en situación irregular.
Tras reunirse con el fiscal César Amín González Orantes, Villagrán aseguró que no existe ninguna investigación en su contra. Sin embargo, advirtió que algunos agentes del INM han fabricado expedientes falsos y utilizado testigos para incriminar a defensores de migrantes y desviar la atención de las denuncias sobre corrupción. En este contexto, reiteró que ha presentado pruebas ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios del INM.
El activista señaló que la venta de documentos migratorios es una práctica común dentro del INM, donde algunos agentes han obtenido beneficios económicos otorgando visas a extranjeros de países como Rusia, China, Ucrania y Kazajistán. Según Villagrán, estos migrantes reciben trato preferencial y son transportados en vuelos privados o vehículos de lujo sin ser detenidos en retenes, a diferencia de los migrantes latinoamericanos que enfrentan múltiples obstáculos en su tránsito por México.
Además, denunció un posible conflicto de interés en la Fiscalía de Migrantes, encabezada por Javier Vázquez Moctezuma, quien habría impedido investigaciones contra la delegada del INM en Tapachula, Farah Gertrudis Cerdio Moisés, por presuntos actos de corrupción. Villagrán afirmó que la cercanía entre algunos funcionarios y empresarios locales ha permitido la protección de redes de tráfico de personas, mientras que activistas y periodistas críticos son blanco de acusaciones sin fundamento.
Según el defensor, el tráfico de migrantes es un negocio millonario en el que se cobran hasta 10 mil dólares por persona para garantizarles un tránsito seguro. Además, afirmó que estas actividades se llevan a cabo con la complicidad de altos mandos del INM, quienes habrían negociado la impunidad de agentes en Chiapas. Villagrán pidió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue el patrimonio de los funcionarios, ya que el nivel de vida de algunos agentes no corresponde con sus ingresos.
Finalmente, Villagrán aseguró que su labor ha sido objeto de constantes ataques y que incluso organismos internacionales como la DEA e Interpol han revisado su trabajo sin encontrar irregularidades. Denunció amenazas contra su familia y solicitó la intervención del gobernador de Chiapas para esclarecer las denuncias sobre corrupción en el INM. “Es momento de que se llegue al fondo del problema y se castigue a los verdaderos responsables”, concluyó. Con información de Ultimátum.
