* Militares, policías e INM realizaron revisiones en domicilios y comercios del fraccionamiento Buenos Aires, sin informar el número de migrantes asegurados
Redacción / Alfaro Noticias
Un operativo conjunto en el fraccionamiento Buenos Aires de Tapachula generó denuncias en redes sociales por parte de organizaciones de defensa de migrantes, luego de que autoridades ingresaran a domicilios y comercios presuntamente sin orden judicial.
De acuerdo con vecinos y colectivos, en las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal y el Instituto Nacional de Migración (INM), quienes revisaron viviendas y locales comerciales en busca de personas extranjeras en situación irregular. Sin embargo, no se dio a conocer el número de migrantes detenidos ni el destino de quienes fueron asegurados.
Las denuncias señalan que durante el operativo se habrían cometido detenciones arbitrarias, al no existir notificación previa ni documentos que acreditaran la legalidad de los cateos. Activistas advirtieron que estas prácticas refuerzan un clima de temor entre la población migrante y limitan su derecho a la libre movilidad.
El despliegue ocurre en un contexto de fuerte presión migratoria en Tapachula, donde miles de personas esperan la resolución de trámites de asilo y regularización ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). La saturación en los procedimientos y la falta de información oficial han provocado retrasos de varios meses, situación que ha sido señalada en reiteradas ocasiones por organismos internacionales como la ONU y Unicef.
Mientras tanto, distintas iniciativas buscan aliviar la situación en la ciudad. Una estancia infantil respaldada por Unicef y Acnur ofrece atención a niños migrantes, quienes enfrentan el impacto del rezago administrativo y la incertidumbre de sus familias.
Colectivos locales insistieron en que la combinación de operativos de contención y trámites lentos convierte a Tapachula en un “embudo migratorio” que retiene a miles de personas en condiciones precarias. Por ello, reiteraron el llamado a que las autoridades privilegien la protección de derechos humanos en lugar de medidas de control que, aseguran, han demostrado ser insuficientes para atender la crisis.
