* Las aprehensiones habrían sido realizadas por policías estatales y ministeriales, con testimonios y pruebas que la defensa califica como fabricados. El caso ya fue turnado a la CEDH
Redacción / Alfaro Noticias
Veinte integrantes del pueblo maya lacandón fueron detenidos recientemente por corporaciones policiacas, sin que existiera, según sus representantes, una orden judicial ni justificación legal. La denuncia fue presentada públicamente por Jorge Luis Gómez Villar, quien ha acompañado a la comunidad durante más de dos décadas.
De acuerdo con Gómez Villar, 18 de los detenidos se encuentran actualmente en Palenque y dos más en Amatenango de la Frontera. Asegura que las detenciones fueron ejecutadas sin órdenes de cateo ni de aprehensión y que se realizaron dentro de los domicilios particulares de los indígenas, lo que consideró una violación a sus derechos fundamentales. Indicó que ya se ha presentado una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado.
El representante sostuvo que las detenciones se justificaron oficialmente con una denuncia de elementos de la Policía Ministerial y del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) conocido como “los Pakales”, quienes afirmaron que los implicados realizaban disparos en el crucero de San Javier. Sin embargo, Gómez refirió que existen pruebas videográficas que contradicen esta versión y afirmó que las armas con las que se les acusa fueron plantadas. “Cuando se ha visto que un lacandón tenga cuernos de chivo”, cuestionó.
Entre las personas detenidas se encuentran artesanos, agricultores y trabajadores del sector salud y turismo, quienes, según el denunciante, ya han perdido sus empleos a raíz de este proceso. También mencionó que una de las personas privadas de la libertad había estado recientemente en un hospital, acompañando a su nieta enferma, y fue detenido al día siguiente mientras caminaba por la comunidad.
Gómez también señaló presuntas irregularidades por parte del Poder Judicial. Acusó directamente al juez Octavio Ruiz Pereyra de haber convalidado la legalidad de las detenciones sin que existieran pruebas suficientes y señaló que, aunque el juez ya no está en funciones en la zona, las amenazas y hostigamientos contra la comunidad persisten.
Según su testimonio, el caso se sostiene únicamente con una denuncia verbal de un supuesto testigo sin identificación ni apellidos. También refirió que personal de la Fiscalía General de la República habría constatado, durante una visita reciente a la comunidad de Lacanjá, diversas anomalías en la forma en que se integró la carpeta de investigación.
Jorge Luis Gómez afirmó que ya entregó documentación relacionada con este caso a distintas autoridades, incluida la presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el gobierno estatal, sin que hasta ahora haya obtenido respuesta favorable.
