* Los afectados acudieron a instancias de justicia y derechos humanos para solicitar la restitución de su vivienda y la protección de tres niños
Redacción / Alfaro Noticias
Habitantes de la comunidad Jerusalén, en el municipio de Tenejapa, denunciaron el desalojo de una familia integrada por dos personas adultas y tres menores de edad, así como una serie de presuntas irregularidades cometidas por autoridades comunitarias.
De acuerdo con los testimonios hechos públicos en San Cristóbal de Las Casas, a la familia se le habría exigido el pago de aproximadamente 245 mil pesos para conservar una vivienda que, según los denunciantes, fue entregada sin costo a través de un programa gubernamental. Al no contar con los recursos para cubrir la cantidad solicitada, fueron expulsados del inmueble sin que se les permitiera retirar sus pertenencias.
La madre de los menores señaló que el padre de familia se encuentra trabajando en Estados Unidos, por lo que enfrentó el desalojo sin su acompañamiento. Tras los hechos, la familia presentó denuncias ante instancias jurídicas, organismos de derechos humanos y la Fiscalía de Justicia Indígena, con el apoyo de asesoría legal, para que se investigue lo ocurrido y se dicten medidas de protección a favor de los niños.
En la misma comunidad, otras voces han señalado posibles prácticas irregulares, como el cobro de multas sin explicación clara y decisiones colectivas relacionadas con la administración de bienes. También se mencionó el caso de menores que habrían quedado en situación de vulnerabilidad tras la venta de una vivienda que, según versiones locales, les pertenecía.
Además de las denuncias por el desalojo, habitantes expresaron preocupación por la situación educativa en la localidad, al afirmar que existen rezagos en el aprendizaje básico de algunos estudiantes de nivel primaria, sin que se haya dado atención suficiente al problema, aseguran.
La denuncia pública fue realizada en la Plaza de La Paz, en San Cristóbal de Las Casas, donde los afectados solicitaron la intervención de autoridades estatales para esclarecer los hechos, garantizar la protección integral de la niñez y revisar la legalidad de las decisiones tomadas en la comunidad.
