* Trabajadores y migrantes acusan a autoridades de la COMAR e INM de irregularidades, extorsión y simulación institucional en la frontera sur.
Redacción / Alfaro Noticias
Las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tapachula enfrentan fuertes señalamientos por presuntos actos de corrupción, abuso laboral y negligencia en la atención a personas migrantes. Las denuncias provienen tanto de empleados de las instituciones como de usuarios afectados, en un contexto de saturación y crisis en la frontera sur.
En un pronunciamiento dirigido a medios de comunicación, personal de la COMAR aseguró que han sido víctimas de despidos arbitrarios, retención de salarios y jornadas laborales impuestas de más de 12 horas. Aseguran que, pese a no contar con contratos vigentes ni recibir sueldo desde hace dos quincenas, se les exige seguir trabajando bajo amenazas de despido. Acusan además que algunos puestos fueron ocupados por personas cercanas a la dirección, sin que existieran procesos de selección transparentes.
A la par, migrantes en espera de atención también han denunciado irregularidades. Durante una feria informativa contra la trata de personas, organizada por el INM, el activista Luis Villagrán irrumpió en el evento para exigir la renuncia de la titular del instituto en Chiapas, Farah Gertrudis Cerdio Moisés. En su intervención, denunció que en Tapachula hay más de 40 mil personas varadas y al menos 14 mil casos pendientes en COMAR, con citas programadas hasta finales de año.
Villagrán también acusó al INM de permitir la explotación laboral y sexual de personas migrantes en bares y cantinas de la ciudad, y calificó como “simulación” las actividades institucionales enfocadas en derechos humanos. “Vienen a tomarse la foto, mientras hay explotación en condiciones paupérrimas”, reclamó.
En el mismo acto, una migrante de origen colombiano denunció que le fue negada la visa humanitaria por parte de COMAR, pese a cumplir con los requisitos. Aseguró que los trámites son manipulados y que se solicitan pagos indebidos para agilizar resoluciones. “Aquí todo es plata. Si no pagas abogado, no te dan nada. Me bloquearon por protestar”, declaró. Otras personas relataron extorsiones durante retenes migratorios, donde agentes presuntamente exigieron dinero a cambio de dejar continuar el trayecto.
Las críticas también se centraron en la falta de respuesta institucional frente a estas denuncias. Villagrán señaló que la actuación de las autoridades ha contribuido a generar una crisis humanitaria en la región. “Están perjudicando a Tapachula y a los migrantes”, concluyó.
La situación se da en vísperas de una nueva caravana migrante, que partirá de Tapachula el próximo 4 de agosto, motivada por la falta de atención efectiva de las autoridades federales.
