* La denuncia también incluye acusaciones de acoso y abuso tanto en su entorno familiar como en su lugar de trabajo, donde se le señala por conductas inapropiadas hacia estudiantes y colegas desde hace años.
Redacción / Alfaro Noticias
Una denuncia de abuso sexual infantil y violencia psicológica ha sido interpuesta contra Héctor Armando Esquinca Avilés, académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). La denunciante, quien se identifica como psicóloga y tiene 46 años, señaló que fue víctima de maltrato durante su infancia y adolescencia por parte de su padre. La mujer también informó que otros miembros de la familia habrían sido objeto de abuso similar.
En su denuncia, la víctima reveló que el académico ha sido señalado por actitudes de acoso y abuso en otros ámbitos, incluidos su lugar de trabajo y su entorno familiar. La denunciante indicó que tiene pruebas documentales de los abusos sufridos, incluyendo testimonios de otras personas afectadas.
En respuesta a la denuncia, la UNACH suspendió a Esquinca Avilés de su cargo como director de la Escuela de Ciencias Químicas. La universidad ha asegurado que está comprometida con investigar el caso de manera imparcial y en apego a la ley. La Fiscalía General del Estado de Chiapas también ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales del acusado.
Además, una periodista local también ha revelado haber sido víctima de acoso por parte de Esquinca durante su tiempo como docente en Tapachula, entre 1986 y 1989. Relató cómo el ahora exdirector de la unidad académica en cuestión, en ese entonces profesor, adoptaba conductas inapropiadas hacia las estudiantes, como hacer comentarios sobre su apariencia y realizar tocamientos indebidos.
El caso ha generado reacciones dentro de la comunidad universitaria y en grupos feministas, que han manifestado su preocupación por la presencia de una persona con este historial en un cargo académico. Exigen una investigación a fondo y una respuesta clara por parte de las autoridades educativas y judiciales, para asegurar que se haga justicia y se proteja a las posibles víctimas de futuros abusos.
Las colectivas feministas han señalado la necesidad de que las instituciones del estado, sobretodo en el área de la educación, tomen medidas más estrictas para prevenir que personas con antecedentes de abuso ocupen cargos de liderazgo. Además, han resaltado la importancia de que los procesos legales sean manejados con seriedad y transparencia, garantizando la protección de las víctimas y la justicia para quienes han sufrido violencia.
