* Acusan omisiones y actuaciones irregulares en un litigio por tierras que permanece en proceso ante un tribunal agrario.
Redacción / Alfaro Noticias
Habitantes vinculados al predio Los Flamboyanes, en el municipio de Villa Corzo, denunciaron presuntos actos irregulares de autoridades estatales y ministeriales en el marco de un conflicto agrario que continúa sin resolución definitiva.
De acuerdo con un documento dirigido a instancias gubernamentales y de derechos humanos publicados por el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, los denunciantes señalaron que ejidatarios del poblado Sierra Morena ingresaron al predio en noviembre de 2025 sin una orden judicial, donde realizaron la colocación de cercas, tala de árboles y el cierre de accesos.
Los hechos, indicaron, ocurrieron mientras el litigio por la propiedad de una parte del terreno se encuentra en curso ante el Tribunal Unitario Agrario, bajo expedientes que aún no han sido resueltos.
Según la denuncia, los propietarios del predio sostienen que cuentan con constancias de posesión y documentos emitidos por autoridades agrarias desde la década de 1990, además de antecedentes legales en los que fueron absueltos de acusaciones previas por despojo.
En ese contexto, afirmaron que tras los hechos presentaron una querella ante la Fiscalía en Villa Corzo; sin embargo, señalaron que no se han realizado diligencias suficientes para integrar la investigación.
Al mismo tiempo, acusaron que, en una denuncia paralela interpuesta por representantes ejidales, sí se habrían otorgado medidas de protección que permitieron la intervención en el terreno, lo que, aseguran, derivó en el cierre del acceso principal al predio.
Los denunciantes también señalaron la presunta participación de autoridades regionales en los hechos, al tiempo que solicitaron la intervención del gobierno estatal para revisar la actuación de funcionarios involucrados y garantizar condiciones de legalidad en el proceso.
El caso incluye antecedentes que se remontan a más de dos décadas, con disputas legales entre particulares y ejidatarios por la posesión de tierras, incluyendo procesos penales y agrarios que continúan en trámite.
