Héctor Estrada
En medio de la acostumbrada rebatinga por conseguir “victorias legislativas” o sabotear proyectos estratégicos del actual gobierno federal, la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador terminó siendo desechada por el pleno de la Cámara de Diputados a minutos de la media noche del pasado domingo 17 de abril. Sin embargo, pensar que eso resultó una sorpresa para la denominada Cuarta Transformación es demasiado inocente.
A Morena las cuentas no le salían desde muchas horas antes de la votación. Las negociaciones con algunos legisladores del PRI y el PAN no se habían concretado desde varias semanas antes. La posición determinante del PAN, PRI y PRD estuvo claramente “cantada” desde el pasado 4 de abril cuando dichos partidos anunciaron conjuntamente su contrapropuesta de reforma eléctrica y advirtieron su voto generalizado en contra.
Eran posiciones e intereses encontrados, que al final de cuentas resultaron irreconciliables. Por un lado, el gobierno de la república proponía un revés a la reforma realizada por Enrique Peña Nieto en 2013 para devolverle a la CFE el control “exclusivo” de la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en todo el país. Mientras por el otro, la alianza tripartita defendía la posibilidad de inversión privada en el sector para mantener a la CFE como un competidor más en “el mercado”. El resto de los argumentos eran meros elementos de convencimiento.
La oposición basó su negativa en alegatos tales como: la reforma eléctrica propuesta por Obrador era un modelo agotado, que significaría regresar 60 años en los modelos económicos y no se resolverán los problemas actuales; que daría prioridad a los combustibles fósiles y que significaría una inversión para el país de 80 mil millones de dólares durante los próximos 15 años en líneas de transmisión, distribución y las plantas de generación bajo propiedad de la CFE.
Pero, sobre todo, que representaría la cancelación de permisos a empresas privadas que actualmente significan el 62% de la generación nacional de energía eléctrica; además del pago de indemnizaciones billonarias por la suspensión anticipada de dichos permisos, para la generación, uso de las líneas de la CFE para distribución y la comercialización de energía eléctrica, mediante modelos que, valga la pena decir, los mismos partidos (PRI, PAN y PRD) propiciaron hace nueve años.
La fracción conformada por Morena, PVEM y PT fue reiterativa en sus argumentos que acusaban -en esencia- que la legislación vigente no ha representado beneficios para los mexicanos, para la CFE y los trabajadores; que los privados acaparan actualmente la generación de más del 60% de la energía del país, y que, de seguir así, en 2030 la CFE sólo participaría con el 16% de la generación eléctrica.
Además de que la CFE pierde en “subsidios” o permisos ventajosos para privados poco más de 215.4 mil millones de pesos por energía eléctrica que deja de despachar y otros 222.9 mil millones de pesos por la compra de electricidad a particulares. Todo lo anterior, según ellos, a fin de detener la privatización mayoritaria del mercado eléctrico, garantizar la confiabilidad y seguridad del Sistema
Eléctrico Nacional, y evitar un escenario como el que hoy atraviesa España tras la privatización de su industria eléctrica.
En palabras simples se enfrentaron dos visiones distintas sobre el futuro y el aprovechamiento de los recursos energéticos en México: la ya conocida nacionalista (prácticamente proteccionista) de Obrador y la privatizadora impulsada por los últimos gobiernos del PRI y el PAN. Nada que no sepamos. Lo de las energías limpias fue sólo un discurso conveniente de debate público que, el fondo, nunca ha interesado a ninguno de los partidos políticos en disputa.
Hoy, lo innegable es que el PRI y el PAN tienen un “candado” bastante complicado en el congreso para las reformas constitucionales de Morena. Lo malo, es que han demostrado muchas veces que defender los intereses del país no es precisamente su prioridad. Mientras tanto, los verdaderos intereses del país siguen quedando en medio de una disputa política estéril, de objetivos meramente electorales, que sólo posterga los temas verdaderamente urgentes para México… así las cosas.
