* Reclaman el respeto a su labor y la protección de los pueblos originarios.
Redacción / Alfaro Noticias
Defensores de los derechos humanos han denunciado una creciente campaña de difamación en su contra, impulsada por grupos armados y organizaciones delictivas. Según los activistas, estos grupos recurren a acusaciones falsas y amenazas para desacreditar su labor en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Las difamaciones se han intensificado a través de cuentas falsas en redes sociales, donde se les señala de forma injusta por sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y los actos de violencia que ocurren en diversas comunidades de la región.
Los defensores aseguran que su trabajo ha puesto en evidencia las violaciones sistemáticas cometidas por actores armados en las comunidades indígenas, lo que ha generado la ira de quienes se benefician de estos actos violentos. A pesar de la creciente intimidación, los defensores han reiterado su compromiso de continuar con la denuncia pública de estas violaciones, a pesar de los intentos por silenciarlos. “No nos van a callar, seguiremos luchando por la justicia para los pueblos indígenas”, expresaron en un comunicado conjunto.
Además de las amenazas, también señalan la falta de respuesta y apoyo por parte de las autoridades locales, estatales y federales. Acusan a las instituciones de hacer caso omiso de las denuncias, especialmente en casos de desplazamiento forzado y abusos cometidos por fuerzas de seguridad y grupos armados. Denuncian que la justicia parece estar reservada solo para los sectores adinerados, mientras que las comunidades más vulnerables y marginadas siguen siendo ignoradas por el sistema judicial.
La situación se agrava por la impunidad que rodea el asesinato de Marcelo Pérez Pérez, un defensor de los derechos humanos que fue brutalmente asesinado y cuyo caso aún sigue sin esclarecerse. Los activistas exigen que las autoridades investiguen y lleven a los responsables ante la justicia, pues consideran que el asesinato de Pérez es solo uno de los muchos casos que evidencian el riesgo y la violencia a la que están expuestos quienes luchan por los derechos de los pueblos originarios en Chiapas.
En su comunicado, los defensores también expresaron su frustración con la Secretaría de Gobierno y otros organismos de mediación, a quienes acusan de utilizarlos cuando les conviene, pero de ignorarlos cuando sus peticiones no se alinean con los intereses del gobierno. “Cuando nuestras demandas no son útiles, ya ni siquiera nos responden las llamadas”, aseguran, pidiendo un mayor compromiso por parte de las autoridades para garantizar la protección de los defensores y la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Finalmente, los defensores pidieron a la comunidad internacional, incluidos organismos de derechos humanos y la ONU, que intervengan para garantizar que se respete su labor y se ponga fin a la impunidad en Chiapas. “Exigimos respeto para nuestra labor, justicia para los desplazados y para todos aquellos que sufren las consecuencias de un sistema que abandona a los pueblos indígenas”, concluyeron en su denuncia.
