* Defensores y familiares acusan fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso en el caso de tres servidores religiosos recluidos en el CERSS 05
Redacción / Alfaro Noticias
Organizaciones civiles y religiosas, junto con familiares de personas privadas de la libertad, presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) por presuntas violaciones graves a derechos humanos cometidas en agravio de Orbey Juárez Juárez, José Julián López Juárez y Orlando de Jesús López Gómez, detenidos el 22 de enero de 2026.
En un pronunciamiento público fechado el 25 de febrero, las organizaciones señalaron que los tres hombres, dos de ellos con funciones pastorales en sus comunidades, fueron arrestados por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) sin orden de aprehensión ni situación de flagrancia. Afirmaron que durante el operativo habrían sido golpeados, incomunicados y sometidos a malos tratos, y que en al menos uno de los casos las lesiones no fueron asentadas en las constancias médicas oficiales.
De acuerdo con la denuncia, existen inconsistencias en la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, relacionadas con fechas y registros sobre la solicitud y ejecución de la orden de aprehensión. También señalaron presuntas irregularidades en el procesamiento de la escena del crimen y en la documentación de la lectura de derechos.
Las organizaciones sostienen que los detenidos fueron vinculados públicamente con un homicidio ocurrido en el municipio de Tila a partir de un comunicado oficial difundido el 31 de enero en redes sociales, señalaron que vulnera la presunción de inocencia y el derecho al honor. Añadieron que la causa penal que enfrentan no corresponde con los hechos mencionados en dicha comunicación institucional.
Orbey Juárez Juárez se desempeñaba como subcoordinador de una capilla y José Julián López Juárez como ministro extraordinario de la comunión. Los firmantes del documento argumentan que el caso se inscribe en un contexto de tensión y señalamientos previos sobre procesos judiciales contra agentes pastorales y defensores comunitarios en la entidad.
En su queja, solicitaron a los organismos públicos de derechos humanos investigar los hechos y emitir, en su caso, una recomendación. También pidieron que en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS 05), con sede en San Cristóbal de Las Casas, se garantice la integridad física y la atención médica de los internos, así como el cese de presuntos actos de hostigamiento.
