* Señalan que esta herramienta podría generar obstáculos, retrasos y, además, no responde adecuadamente a las necesidades de las víctimas.
El uso de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos como herramienta para la búsqueda de personas desaparecidas ha generado controversia entre colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos en México. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios han señalado que esta estrategia no aborda de manera adecuada las necesidades de las familias afectadas. Según Michael Chamberlain, defensor de derechos humanos, la medida desvía la atención de la falta de acción por parte de las autoridades en la resolución de los casos de desapariciones.
Familiares de personas desaparecidas han expresado que, en lugar de soluciones concretas, las autoridades han promovido iniciativas tecnológicas sin mejorar los mecanismos de investigación o garantizar justicia. Los colectivos de búsqueda afirman que la implementación de la CURP biométrica no resuelve los problemas estructurales que obstaculizan el progreso en la localización de las víctimas. En este contexto, los activistas sostienen que las autoridades deben priorizar el fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar las desapariciones.
El uso de la CURP ha sido presentado como una estrategia para facilitar la identificación de los desaparecidos. Sin embargo, los colectivos argumentan que la verdadera necesidad radica en que las fiscalías locales incrementen sus esfuerzos y recursos para esclarecer los casos. El caso de Teuchitlán, Jalisco, es uno de los ejemplos recientes donde la falta de transparencia y la ocultación de información por parte de las autoridades ha sido denunciada. Este tipo de situaciones refuerza la percepción de que las medidas propuestas no abordan los problemas fundamentales.
En Veracruz, los colectivos enfrentan una situación más compleja debido a la violencia y las agresiones a los buscadores. Familiares de víctimas como Norma, quien busca a su hijo desaparecido, han denunciado abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que van desde detenciones arbitrarias hasta amenazas. Esta violencia institucionalizada ha incrementado el temor y la desconfianza en las autoridades locales, dificultando la labor de los activistas en la búsqueda de justicia.
El asesinato de Magdaleno Pérez, un activista de la búsqueda de personas desaparecidas en Poza Rica, Veracruz, ha intensificado las preocupaciones sobre la seguridad de los buscadores. Pérez fue detenido y golpeado por la policía municipal, y, aunque fue liberado, falleció posteriormente debido a los golpes recibidos. Organizaciones como el Colectivo María Herrera Poza Rica han solicitado la disolución de la Policía Municipal por su implicación en abusos y violencia contra los activistas, pero no se han tomado medidas efectivas en este sentido.
Ante la falta de avances en las investigaciones y la creciente violencia contra los buscadores, los colectivos han planteado la necesidad de un enfoque integral para resolver la crisis de desapariciones. A pesar de la propuesta de usar la CURP biométrica, los activistas insisten en que se deben fortalecer los procesos judiciales, mejorar la seguridad de los buscadores y garantizar una investigación eficiente de los casos. Además, algunos colectivos han recurrido a organismos internacionales para exigir una intervención en la crisis de desapariciones y pedir el compromiso real del gobierno en la búsqueda de justicia.
