Cuestionan cifras oficiales de desaparecidos; reportan violencia contra personas buscadoras
* Organizaciones advierten inconsistencias en el registro nacional y señalan riesgos crecientes para quienes participan en labores de búsqueda
Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles rechazaron las cifras presentadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo sobre personas desaparecidas en México y señalaron que el diagnóstico oficial no incorpora de manera suficiente la participación de las familias.
El posicionamiento se dio tras la difusión del informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el que se reconoce un acumulado superior a 133 mil casos; sin embargo, las autoridades sostienen que 43 mil 128 permanecen con estatus vigente, al considerar registros incompletos o personas localizadas.
Ante ello, colectivos y organizaciones como Centro Prodh y Artículo 19 señalaron que esta metodología reduce la dimensión del problema al vincular el reconocimiento de una desaparición con la existencia de una carpeta de investigación.
Las agrupaciones advirtieron que, en un contexto donde una gran parte de los delitos no se denuncian, este criterio puede distorsionar la magnitud real de la crisis y dejar fuera a casos reportados por familias ante instancias distintas a las fiscalías. También cuestionaron la falta de claridad sobre los registros catalogados como “datos insuficientes” y la ausencia de acciones concretas para su atención.
Asimismo, expresaron dudas sobre la afirmación oficial de que la mayoría de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, al considerar que no se ha detallado la metodología utilizada para llegar a esa conclusión.
En paralelo, organizaciones alertaron sobre los riesgos que enfrentan quienes participan en labores de búsqueda. De acuerdo con datos de Artículo 19, desde 2010 se han registrado al menos 43 agresiones contra personas buscadoras, de las cuales 35 corresponden a homicidios y ocho a desapariciones.
El informe también señala que 25 de las víctimas eran mujeres y 18 hombres, y ubica a entidades como Guanajuato, Sinaloa y Jalisco entre las de mayor incidencia de ataques. Además, documenta 14 agresiones durante la actual administración federal.
