Ery López
TUTELA JUDICIAL ANTICIPADA CON EFECTOS RESTITUTORIOS EN SUSPENSION DEFINITAVA AMPARO…
Cuando el amparo cumple su función elemental: que la justicia no llegue tarde
En la práctica cotidiana del derecho penal mexicano, la prisión preventiva se ha normalizado como un paso casi automático del proceso.
Primero se encarcela.
Después se investiga.
Durante años, el juicio de amparo ha sido visto —incluso por abogados— como un recurso lento, diferido, incapaz de cambiar la realidad inmediata de una persona privada de la libertad. Se repite como dogma que el amparo “no libera”, que solo sirve para esperar.
Este caso demuestra lo contrario.
En Chiapas, un juzgado federal recordó algo esencial:
el amparo existe para proteger derechos de manera efectiva, no para administrarlos cuando el daño ya está consumado.
UN ERROR ADMINISTRATIVO NO ES UN DELITO
José Apolinar fue detenido la madrugada del 11 de diciembre mientras realizaba su trabajo habitual como conductor de un camión de carga. El vehículo pertenecía a la empresa que lo había contratado formalmente.
No había irregularidades en el transporte.
No había conducta dolosa.
No había delito probado.
El problema estaba en un archivo.
El camión había sido reportado como robado en 2023, pero fue recuperado dos días después y entregado desde entonces a su legítimo propietario. Esa información nunca fue actualizada en los registros oficiales.
El archivo quedó abierto.
La omisión se mantuvo activa.
Y esa omisión se transformó en una orden de detención.
José Apolinar fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y se le inició una carpeta de investigación por traslado de vehículo robado. Horas después, fue ingresado al penal de El Amate.
UNA AUDIENCIA SIN VERDAD
Durante la audiencia inicial ocurrió un hecho que explica muchas de las injusticias del sistema penal mexicano.
El Ministerio Público impidió la comparecencia del propietario del vehículo, bajo el argumento de que “no se había identificado a la víctima”.
La víctima sí existía.
Era la empresa propietaria del camión.
Estaba plenamente identificada.
Aun así, fue excluida del proceso. La jueza de control dictó prisión preventiva oficiosa y concedió dos meses para investigar, sin escuchar ni valorar el testimonio del dueño del vehículo.
José Apolinar ingresó a prisión sin que se acreditara la existencia material del delito.
Dentro del penal, escuchó una frase que resume una resignación aprendida:
“Los amparos no liberan, solo prolongan la espera”.
No era una opinión jurídica.
Era una costumbre institucional.
EL AMPARO USADO COMO DEBE SER
Cuando San José habló desde Chiapas
El caso llegó al despacho Burguete & García Asociados, y la defensa comprendió algo fundamental:
esto no era solo un asunto penal,
era una violación directa a la Constitución y a los derechos humanos.
Por esa razón, se tomó una decisión distinta a la habitual.
No se pidió paciencia.
No se aceptó la espera.
Se exigió protección inmediata.
El equipo jurídico —Carlos Perola Chandomí, Mauricio García Guarneros, Gabriel Jiménez López y Antonio Estrada— actuó bajo un principio que ha guiado a la justicia interamericana en los casos más graves:
el juez debe intervenir antes de que el daño sea irreversible,
no cuando ya se ha consumado.
La demanda de amparo se construyó sobre ideas simples, pero profundamente humanas y constitucionales:
La justicia que llega tarde deja de ser justicia.
La libertad personal no admite plazos burocráticos.
Ninguna formalidad procesal vale más que una persona.
Los jueces tienen el deber de corregir injusticias evidentes, incluso sin que nadie se los pida.
Se recordó al juzgado que la Constitución no es un documento decorativo, sino un mandato vivo;
que el juicio de amparo no existe para administrar expedientes, sino para detener abusos del poder;
y que cuando una persona es encarcelada sin delito probado, la omisión judicial también viola derechos.
El mensaje fue claro, con la fuerza de los estándares de San José, pero pronunciado desde Chiapas:
Si José Apolinar permanecía en prisión mientras “se investigaba”, el daño ya estaría consumado.
Esperar a la sentencia equivalía a legitimar una privación de la libertad injusta.
Aquí no se pidió un favor.
Se exigió el cumplimiento del deber constitucional.
Porque cuando la libertad está en juego,
la justicia no puede esperar.
LO HISTÓRICO: LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA QUE RESTITUYE LA LIBERTAD
El Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Circuito, dentro del amparo 1559/2025, concedió una suspensión definitiva con tutela judicial anticipada y efectos restitutorios.
Este es el punto central y verdaderamente histórico del caso.
La decisión significó algo muy concreto y entendible para cualquier persona:
📌 Desde la suspensión definitiva —no hasta la sentencia— el juez ordenó corregir la injusticia y restituir la libertad.
En la práctica común, la suspensión solo “congela” actos.
Aquí, reparó el daño.
El juzgado reconoció que:
Mantener a una persona en prisión sin delito probado produce un daño irreparable.
La justicia constitucional no puede ser pasiva cuando está en riesgo la libertad personal.
El amparo debe servir para proteger personas, no para justificar esperas.
No fue una promesa futura.
No fue una expectativa procesal.
Fue justicia constitucional inmediata.
UN PRECEDENTE QUE DEBE ENTENDERSE
Este caso es especialmente relevante por una razón central:
👉 confirma que el juicio de amparo sí puede liberar cuando se utiliza correctamente, incluso en materia penal.
La suspensión definitiva:
No solo conserva el estado de las cosas,
puede restituir derechos,
corregir injusticias,
y detener abusos del poder.
Este criterio tiene alcance nacional, pero su significado es aún mayor para Chiapas, donde durante décadas se ha asumido que la justicia constitucional llega tarde… o no llega.
CHIAPAS NO ES PERIFERIA JURÍDICA
Este precedente rompe otra idea profundamente arraigada: que la defensa constitucional de alto nivel solo se construye en los grandes centros del país.
Desde Chiapas, un despacho local impulsó un criterio con rigor técnico, control de convencionalidad y lectura profunda de derechos humanos, demostrando que la Constitución se defiende donde hay abogados comprometidos y jueces responsables.
La defensa constitucional no tiene centro geográfico.
Tiene compromiso.
MÁS ALLÁ DEL CASO
José Apolinar no fue detenido por un delito probado.
Fue detenido por un archivo mal cerrado.
Que su libertad haya sido restituida desde la suspensión definitiva del amparo deja una lección clara para autoridades, jueces, abogados y ciudadanía:
La tutela judicial efectiva deja de ser justicia cuando llega demasiado tarde.
En esta ocasión, desde Chiapas,
la Constitución llegó a tiempo.
