* Alertaron que el director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, enfrenta un proceso judicial tras denunciar actos de corrupción en el INAMI y la COMAR
Redacción / Alfaro Noticias
Organizaciones civiles advirtieron que personas defensoras de la movilidad humana en Chiapas se encuentran en riesgo de privación arbitraria de la libertad, luego de que autoridades federales las señalaran como parte de “organizaciones criminales transnacionales”.
De acuerdo con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), entre los señalados se encuentra Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., con sede en Tapachula, beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El pasado 5 de agosto fue detenido de manera arbitraria, derivado de una carpeta de investigación iniciada en 2022 por el Instituto Nacional de Migración (INAMI).
Villagrán ha hecho públicas denuncias sobre presuntos actos de corrupción y extorsión dentro del INAMI y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), los cuales habría documentado y presentado ante la Secretaría de Gobernación y fiscalías locales. En 2023, el activista sobrevivió a un atentado que lo mantuvo hospitalizado más de dos meses.
La Red TDT recordó que el defensor forma parte del Mecanismo de Protección desde 2019, debido a los riesgos derivados de su acompañamiento a caravanas migrantes que parten de Tapachula rumbo al centro del país en busca de regularización y mejores condiciones de tránsito.
El organismo civil expresó preocupación por las declaraciones públicas de la presidenta de la República y del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes habrían descalificado la labor de defensa de derechos humanos al equipararla con actividades criminales.
Finalmente, las organizaciones urgieron a las autoridades mexicanas a detener la criminalización de personas defensoras y periodistas que trabajan con la población migrante, así como a garantizar medidas de seguridad, investigar las denuncias de corrupción y sancionar a los responsables.
