- Ha extendido su influencia al secuestro de cuerpos de agua como parte de su estrategia para ejercer control territorial.
Redacción / Alfaro Noticias
El estado de Chiapas enfrenta una problemática creciente relacionada con el crimen organizado, que se ha extendido al secuestro de cuerpos de agua para ejercer control territorial y extorsionar a los pobladores. Esta situación ha sido evidenciada en un informe reciente titulado “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos” del Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).
El control del agua y su distribución para riego se ha convertido en una herramienta fundamental para las estructuras criminales, utilizada como medio de presión sobre las comunidades, lo que afecta directamente la producción agrícola y la subsistencia de la población. Este informe revela que muchas de estas prácticas, además de ser recaudatorias, son utilizadas como medidas de presión para reclutar y posicionar a la población en el conflicto entre cárteles. Bandas del crimen organizado se han adueñado de este recurso natural con el fin de exigir pagos a los residentes.
La situación en Chiapas se suma a los problemas relacionados con el agua en todo México, donde se enfrentan desafíos como el desabasto en las grandes urbes, el mercado negro de pipas y la apropiación del líquido por parte de grupos delictivos. Este escenario se agrava con la falta de información sobre la cantidad de agua disponible en los acuíferos mexicanos y la escasez provocada por la sequía y el estrés hídrico.
En una conferencia conjunta el pasado miércoles, organizaciones no gubernamentales, patronatos de agua, indígenas y defensores de los derechos humanos alertaron sobre la grave crisis del agua que enfrenta Chiapas, a pesar de albergar el 30 por ciento de los recursos hídricos de México. Fermín Reygadas Robles Gil, director de la ONG Cantaro Azul, señaló que menos de este porcentaje de los hogares chiapanecos, unos cinco millones de personas, reciben agua diariamente en sus casas.
La situación golpea especialmente a las comunidades rurales e indígenas, donde reside el 51 por ciento de la población. Esta población se ve obligada a realizar largos recorridos en busca de agua, poniendo en riesgo su salud y seguridad. La falta de acceso al agua ha contribuido a un alto índice de mortalidad infantil asociado a enfermedades gastrointestinales, según Mónica Olvera, coordinadora de Cambio Sistémico de Cantaro Azul.
La contaminación del agua, con más del 70 por ciento de los ríos chiapanecos afectados, y las sequías periódicas también agravan la situación. La falta de inversión en infraestructura de tratamiento de aguas residuales es un problema serio, con solo 41 de los 124 municipios chiapanecos contando con estas plantas. Ante esta realidad desoladora, comunidades y organizaciones están demandando una política gubernamental a largo plazo que garantice un acceso equitativo y sostenible al agua y al saneamiento en Chiapas.