* Activistas y defensores de derechos humanos han criticado el gobierno de Salomón Jara por su falta de acción efectiva para frenar la violencia contra las mujeres.
En los primeros dos años del gobierno de Salomón Jara Cruz, Oaxaca ha enfrentado un aumento alarmante en los casos de feminicidios y desapariciones de mujeres. Según la organización Consorcio Oaxaca, entre 2023 y enero de 2024 se documentaron 219 feminicidios y 788 desapariciones, un incremento significativo en comparación con años anteriores. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Sandra Estéfana Domínguez Martínez, abogada y defensora de derechos humanos, quien fue desaparecida en octubre de 2023 junto a su pareja en San Juan Cotzocón.
El caso de Sandra ha expuesto las críticas hacia el gobierno de Jara, que ha sido acusado de minimizar la violencia de género y proteger a funcionarios involucrados en hechos de abuso. La desaparición de Sandra estuvo precedida por sus denuncias contra Donato Vargas Jiménez, un alto funcionario estatal acusado de violencia sexual y familiar. A pesar de las denuncias, Jara defendió públicamente a Vargas, lo que generó indignación en sectores feministas que consideran que el mandatario está encubriendo a los agresores.
Oaxaca también ha experimentado un aumento en los homicidios dolosos de mujeres. Según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 se registraron 86 homicidios dolosos de mujeres, colocándose en el lugar 12 a nivel nacional por este delito. A esto se suman 20 feminicidios, lo que da un total de 106 mujeres víctimas de violencia extrema en el estado durante el año pasado.
En enero de 2025, el doble feminicidio de las hermanas mixe Eloísa y Aquilina S. P. en Totontepec Villa de Morelos generó una fuerte indignación. Las mujeres fueron asesinadas en su hogar, y las autoridades, tras una investigación, detuvieron a dos sospechosos el 29 de enero. Sin embargo, las comunidades locales y activistas exigen que los responsables enfrenten la justicia, al tiempo que reclaman que no haya impunidad en estos crímenes.
Este caso se suma a una serie de asesinatos de mujeres en la región, lo que ha llevado a los familiares y organizaciones de derechos humanos a exigir una respuesta más firme por parte de las autoridades. A pesar de las acciones de la Fiscalía, que investiga los feminicidios y desapariciones, las víctimas y sus familias sienten que la respuesta ha sido insuficiente y que la violencia sigue sin freno en el estado.
Activistas como Yésica Sánchez Maya, directora de Consorcio Oaxaca, critican la postura del gobernador Jara, quien ha sido acusado de negar la violencia y proteger a funcionarios involucrados en abusos. Para Sánchez, la administración estatal ha mostrado una actitud defensiva ante las denuncias de violencia y feminicidios, en lugar de asumir la gravedad de la crisis de derechos humanos que atraviesa el estado.
