* Las acusaciones han sido respaldadas por el Centro Frayba, que ha documentado los testimonios de las víctimas y ha exigido una investigación imparcial de las autoridades estatales
Redacción / Alfaro Noticias
El grupo táctico Pakal, parte de la Fuerza de Reacción Inmediata de Policía (FRIP) de Ocosingo, ha sido señalado por varias organizaciones y comunidades indígenas de cometer abusos de autoridad en las regiones donde opera. A pesar de su misión de garantizar la seguridad en áreas con altos índices de violencia, las denuncias de abusos por parte de este grupo han aumentado considerablemente en los últimos meses.
Diversas comunidades, especialmente en los Altos de Chiapas y en áreas cercanas a Aldama, han reportado casos de arrestos arbitrarios, maltrato físico y psicológico, así como intimidación por parte de los elementos del grupo Pakal. Las denuncias más recientes incluyen abusos contra civiles y líderes comunitarios, quienes acusan a los policías de actuar sin justificación y de violar sus derechos humanos de manera sistemática.
Una de las quejas más graves surgió en la comunidad de Aldama, donde varios pobladores afirmaron haber sido detenidos sin causa legal. Los testimonios apuntan a que el grupo Pakal realizó allanamientos sin orden judicial, bajo el pretexto de perseguir a la delincuencia organizada, pero sin pruebas suficientes de las actividades criminales que se les atribuían. Esta falta de transparencia en las operaciones ha generado un fuerte malestar entre los habitantes.
Las denuncias han sido respaldadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que ha documentado los testimonios de las víctimas y ha exigido una investigación imparcial de las autoridades estatales. Frayba ha denunciado que las fuerzas de seguridad, incluidos elementos del grupo Pakal, están actuando dentro de un patrón sistemático de represión. En su comunicado más reciente, el centro condenó las irregularidades en el caso de las Bases de Apoyo del EZLN, José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, quienes fueron detenidos de manera arbitraria en un operativo en Aldama.
Frayba destacó que la detención se realizó sin orden judicial, y se llevaron a cabo allanamientos sin autorización, durante los cuales se cometieron abusos y violaciones flagrantes de derechos humanos. Este caso, según Frayba, refleja una estrategia de criminalización y fabricación de culpables que atenta contra la autonomía de los pueblos zapatistas y la lucha por la vida y el territorio.
A pesar de las solicitudes de las organizaciones defensoras de derechos humanos, el gobierno de Chiapas ha mantenido un perfil bajo ante las denuncias. Las autoridades locales no han ofrecido una respuesta sobre las investigaciones en curso ni sobre la posible reestructuración de la estrategia de seguridad en la región.
Las organizaciones sociales continúan exigiendo una revisión profunda de las políticas de seguridad en el estado, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de todos los habitantes.
